Sentencia a ex alcalde Augusto Miyashiro con 4 años de pena privativa de libertad ▎ EXP. Nº 00089-2012-8-1826-JR-PE-03

Por: Jhon Alex Torres Valdiviezo 

SENTENCIA

RESOLUCIÓN Nº 32

Lima, seis de octubre de dos mil veinte.-

VISTOS Y OÍDOS: en audiencia pública virtual de Juicio Oral; los actuados realizados, ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Lima, a cargo del Juez WILLIAM ALEXANDER LUGO VILLAFANA, en el proceso seguido en contra de AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO(autor), FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ(autor) y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ(autor), por el delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos – PECULADO, previsto en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal (modificado por la Ley 26198) y contra LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ(autor) por el delito de expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el artículo 412 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano.

PARTE EXPOSITIVA

I.-ANTECEDENTES:

1.- Se realizó la audiencia de control de la acusación, por el señor Juez del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Lima, emitiendo el correspondiente Auto de Enjuiciamiento, en el cual constan los medios de prueba admitidos, disponiéndose la remisión del cuaderno de etapa intermedia al Juzgado Unipersonal correspondiente.

2.- Con Auto de Citación a Juicio de fecha 09 de junio de 2017, se procede a la instalación e juicio oral, en el expediente número 00089-2012-8, llevándose a sesiones presenciales y audiencias virtuales por motivo de la Pandemia por el COVID-19, además, se debe precisar que desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio del presente año, se suspendieron los plazos procesales, como consecuencia de la mencionada Pandemia, quedando expedito para emitir sentencia en la presente causa.

III.- POSTULACIÓN DE LOS HECHOS:

El señor representante del Ministerio Público en sus alegatos de apertura y clausura sostiene que:

Se atribuye a AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO ser autor del delito contra la Administración Pública en la modalidad de -Peculado-, previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal, modificado por la Ley N° 26198, al haber coparticipado de la apropiación de fondos de la Municipalidad de Chorrillos por la suma de 10´867,900.40 soles. En su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, en su condición de titular del pliego, encargado del manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chorrillos (Acuerdo de Concejo N° 020-2007, de fecha 31 de agosto del 2007), haber coordinado junto a sus co-acusados Luis Rojas Flores Gerente de Administración- (que ya fue condenado); Ligia Calina Correa Villacorta, -en su condición de Tesorera de la Municipalidad de Chorrillos;

Fernando Marcial Rebatía Rodríguez -en su condición de Sub Gerente de Contabilidad, y Celso Becerra Calderón en su condición de Gerente Municipal- a fin apropiarse de fondos de la Municipalidad de Chorrillos.

Para lo cual, junto a sus co-encausados acordaron la realización de diversas conductas irregulares destinadas a distorsionar el manejo regular de los fondos recaudados en efectivo y en cheque por la Fuente Recursos Directamente Recaudados de la Municipalidad de Chorrillos, durante el periodo 2007 al 2010, para lo cual, aprovechándose de su condición de titular del pliego y responsable de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Chorrillos autorizó la instrumentalización la cuenta Bancaria N° 21722 aperturada con el nombre “CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos”; comportamiento que fue esencialmente significativo para la consumación del hecho delictivo, pues, en dicha cuenta se realizó el depósito de lo recaudado en efectivo por la Municipalidad por la Fuente Recursos Directamente Recaudados, pese a que ello implicaba la vulneración flagrante de diversas normas y Directivas de Tesorería que rigieron y que rigen la organización y administración de los fondos que se encuentran bajo responsabilidad de las Unidades Ejecutoras, que establecieron Directivas que vinculaban a las entidades públicas, como en este caso, a depositar lo recaudado por la Fuente Recursos Directamente Recaudado a una cuenta aperturada en el Banco de la Nación, su depósito en un plazo no mayor a 24 horas.

Comportamiento con que el imputado se desenvolvió durante el periodo 2007 al 2010 con el mismo modus operandi respecto de la cuenta Bancaria N° 530832 -Banco Scotiabank, donde, a diferencia de la cuenta bancaria N° 21722 donde se depositaba en efectivo-, se efectuó el depósito en cheques de lo recaudado por la Fuente Recursos Directamente Recaudados por dicha modalidad; pese a que dicha cuenta tenía la denominación “Residuos Sólidos”, condición que dotaba a dicha cuenta con la naturaleza de inembargable, situación que el imputado y sus coacusados encontraron propicia e ideal a fin de efectuar el manejo irregular de lo recaudado en cheques a través de los depósitos parciales efectuados en ella, dado el carácter antes anotado de dicha cuenta, y la apropiación de fondos públicos de la Municipalidad de Chorrillos, a través el manejo irregular de ambas cuentas, ocultando el verdadero propósito y funcionamiento material que tenían dichas cuentas, para lo cual, aparentaron finalidades ajenas al verdadero fin, evadiendo su visibilidad, publicidad, control, y Supervisión por Organismos Ejecutivos como la Dirección de Tesoro Público y la Contraloría. Incurriendo en la transgresión de los deberes propios de su función, previstos en el inciso “n” del artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones -ROF, aprobado mediante Ordenanza N° 107-MDCH de fecha 12 de enero del 2007, modificado mediante Ordenanza 146-MDCH de fecha 11 de noviembre del 2008, modificado mediante Ordenanza N° 171-MDCH, de fecha 24 de abril del 2010.

A su vez, infringió las funciones señaladas en el párrafo 2.B “Funciones de la Alcaldía” del Manual de Organización y funciones -MOF, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0118-2008-MDCH, de fecha 22 de febrero del 2008, por el cual, se estableció que el Alcalde tenía como deber: i) Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la Ley y el presupuesto aprobado; pues, como se corrobora con las declaraciones testimoniales de los regidores de la Municipalidad de Chorrillos, i) Jesús Ludeña Gutiérrez; ii) Víctor Antonio Díaz Mayo; iii) Luis Humberto La Torre Tuesta; iv) María Angelita Vásquez del Pino; v) Víctor Rosas Arias; vi) Gloria Elena Vásquez Rimache de Chacaliaza; v) regidor Juan Manuel Burga. Quienes se desempeñaron como tales durante la gestión edil durante el año 2007, señalaron que nunca se puso en conocimiento del Concejo Municipal la existencia de la cuestionada Cuenta Bancaria N° 011-0125-0100021722; versiones que han sido corroboradas con el mérito de los Acuerdos de Concejo de la Municipalidad de Chorrillos celebrados en el periodo comprendido entre los años 2006 al 2010, en los cuales, no se hace alusión – 6 -mínima a la apertura de la cuenta bancaria -011-0125-0100021722- objeto de análisis.

Asimismo, el acusado incumplió con el encargo conferido mediante el Acuerdo de Concejo N° 020-2007-MDCH, de fecha 31 de agosto del 2007, por la cual, se le ratificó como responsable titular de ejercer el Movimiento Bancario de la Municipalidad de Chorrillos, junto a la encausada Ligia Calina Correa Villacorta, -Sub gerente de Tesorería- (Tesorera), y al encausado Celso Becerra Calderón, – Gerente Municipal- (suplente).

Se evidencia que el acusado Miyashiro Yamashiro, a pesar de haber tenido la titularidad del ejercicio del Movimiento Bancario de la Municipalidad de Chorrillos, permitió y avaló la existencia de la Cuenta Bancaria 21722 -CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos-, y permitió la vigencia de la Cuenta Corriente N° 530832 -Residuos Sólidos- con la única finalidad de desviar los fondos dinerarios de la Municipalidad de Chorrillos para fines personales, excluyéndolas deliberadamente de todo tipo de control a cargo de los órganos estatales con el deliberado de desviar los fondos recaudados por la Municipalidad de Chorrillos para provecho propio y personal. Para lo cual, estuvo al tanto de todo el funcionamiento paralelo y simulado construido especialmente para la disposición indebida de los fondos de la Municipalidad, pues, como se advierte de la versión dada por María Elena Núñez Torres, servidora de la Sub-Gerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos, sostuvo que durante la elaboración de oficios para tramitar cheques para el pago de proveedores, el imputado Miyashiro Yamashiro debía firmar todos los comprobantes de pago.

Todo ello evidencia que el acusado Miyashiro Yamashiro infringió dolosamente sus deberes especiales y funcionales en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, a fin de apropiarse indebidamente junto a sus co-encausados de los fondos públicos para fines personales y particulares.

Consumación de los hechos

Es preciso señalar que, durante el periodo de funcionamiento de las cuentas corrientes 21722 CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos – (Banco Continental) y la cuenta corriente 530832 -Residuos Sólidos- (Banco Scotiabank) años 2007 al 2010 se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 195-2001-EF; por la cual, se dispuso que, “los Recursos Directamente Recaudos debían depositarse en el Banco de la Nación, en cuentas bancarias a nombre de la Unidad Ejecutora, cuya apertura será determinada por la Dirección General de Tesoro Público”; asimismo, se encontraba vigente la Directiva de Tesorería N° 01-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero del 2007, la cual, disponía los fondos públicos captados u obtenidos de acuerdo a ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento deberán ser depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas, estando prohibido a su vez, efectuar pagos en efectivo”.

No obstante ello, los acusados inobservaron deberes propios de su función contenidos y detallados en el ROF y MOF de la Municipalidad de Chorrillos vigente la fecha de los hecho; así como, las normas emitidas por la Dirección Nacional de Tesoro Público relativas al tratamiento y manejo de los fondos recaudados por la fuente R.D.R.; específicamente la norma de Tesorería N° 002-2007-EF-77.15, así como la propia Ley de Tesorería N° 28693, donde se definieron principios y categorías tales como; 1) El Sistema Nacional de Tesorería; 2) Fondos Públicos; 3) Acceso a la Información de Fondos Públicos, donde se establece que “Las unidades ejecutoras…están obligadas a dar acceso a la Dirección Nacional de Tesoro Público”; 4) Operaciones en cuentas bancarias conformantes de la Caja Única (Art. 14°), donde se señaló que, “Las operaciones de ingresos y gastos en las cuentas bancarias donde las unidad ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades mantienen los fondos que administran y registran, cualquiera que sea la fuente de fínanciamiento, se sujetan a las normas y procedimientos que determina la Dirección Nacional del Tesoro Público”; norma a través de la cual, se invistió como responsables de la Administración de los Fondos Públicos al Gerente de Administración, o quien haga sus veces; así como al Tesorero; norma que, concordada con la normativa interna de la Municipalidad de Chorrillos, durante la fecha de los hechos, corresponde a los acusada Ligia Calina Correa de Villacorta.

HECHO EN EL EXTREMO DEL DELITO CONTRA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ATRIBUIDO A LA ACUSADA LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ.

EL delito de expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el artículo 412° del Código Penal, preceptúa: “El que, legalmente requerido en causa judicial en la que no es parte, expide una prueba o un informe falsos, niega o calla la verdad, en todo o en parte, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.

Se atribuye a la acusada Correa Villacorta, en su condición de Sub-Gerente de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos durante el año 2009, haber callado la verdad intencionalmente al informar a la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Chorrillos, sobre la existencia de las cuentas bancadas de propiedad de la Municipalidad de Chorrillos, omitiendo informar sobre la existencia de la cuenta bancada N° 011-0125-0100021722 -CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos-, que fuera indebida e irregularmente empleada para fines particulares, pues se encontraba constituida y conformada únicamente con los fondos dinerarios de propiedad de la Municipalidad de Chorrillos, proveniente de la recaudación de la Fuente R.D.R.; habiendo proporcionado deliberadamente información falsa ante instancias judiciales a través de la Procuraduría Pública Municipal.

Adecuación de los hechos al tipo penal

La citada acusada tenía pleno conocimiento de la existencia de la cuenta corriente N° 011-0125-0100021722-CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos, desde su apertura, así como de su manejo y de los depósitos que se efectuaban diariamente a dicha cuenta corriente; por lo que evitó que el Juzgado Laboral – 15 -lkrequiriente conociera la mencionada cuenta bancaria que en estricto contenía fondos de la Municipalidad de Chorrillos, proveniente de la Fuente R.D.R.

La omisión, en el presente caso se refiere a expedir un informe falso por callar la verdad, esto es la omisión que se inserta en la comprensión de la naturaleza del deber, que en este caso es un deber que en la doctrina, es entendido como llamado de solidaridad mínima. Se trata pues, de un deber positivo que conmina a toda persona a realizar una conducta positiva de colaboración con la Administración de Justicia (referida a la identificación de las cuentas bancarias).

Si bien no es parte en el proceso, la acusada en su condición de Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, tenía la obligación funcional de informar sobre la existencia de las cuentas utilizadas por la Municipalidad, conforme a lo solicitado por el Décimo Noveno Juzgado Laboral de Lima, en el expediente N° 183419-2006-000242, en su Resolución de fecha 25 de junio del año 2009, por la cual se solicitaba informe en forma detallada sobre todas las cuentas habilitadas por la entidad pública.

Consumación de los hechos

No obstante el requerimiento judicial formulado, mediante Informe N° 0112-2009-SGT-MDCH, de fecha 12 de Agosto del 2009, solo informa sobre las cuentas en el Banco Scotiabank y Banco de la Nación, y omite informar sobre la Cuenta en el Banco Continental, que como se ha reconocido la utilizaban para eludir los embargos judiciales que eran objeto en la comuna distrital, así durante el periodo de funcionamiento de la cuentas corrientes 21722 -CAFAE de la Municipalidad de Chorrillos – (Banco Continental)-años 2007 a/ 2010- no obstante que se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 195-2001-EF, por la cual, se dispuso que, “los Recursos Directamente Recaudos debían depositarse en el Banco de la Nación, en cuentas bancarias a nombre de la Unidad Ejecutora, cuya apertura será determinada por la Dirección General de Tesoro Público”; y vigente la Directiva de Tesorería N° 01-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero del 2007, la cual, dispuso, “los fondos públicos captados u obtenidos de acuerdo a ley, cualquiera sea la fuente de Financiamiento deberán ser depositados en las correspondientes cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas, estando prohibido a su vez, efectuar pagos en efectivo”.

Calificación Jurídico Penal: El Ministerio Público ha tipificado los hechos en delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por Funcionarios Públicos – Peculado, descritos en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, modificado por la Ley N° 26198 que se encontraba vigente al momento que ocurrieron los hechos y solicita se le imponga a los acusados Augusto Miyashiro Yamashiro, Fernando Marcial Rebatta Rodríguez y Ligia Calina Correa Villacorta De Vásquez a cada uno de ellos en calidad de autor, 05 años de pena privativa de libertad -reformulado en los alegatos finales- y 03 años de inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 1 y 2 del citado Código; y respecto al delito de delito de expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el artículo 412 del Código Penal, en agravio del Estado Peruano, atribuido a la acusada Ligia Calina Correa Villacorta De Vásquez, la señora Fiscal solicitó la prescripción de la acción penal.

POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACTOR CIVIL:

El actor civil al momento de realizar los alegatos iníciales y finales solicita como pago de la reparación civil por el delito de Peculado se fije en 13´000,000 soles que será abonado en forma solidaria por todos los acusados y por el delito de delito de expedición de informe falso en proceso judicial, se fije en 20,000 soles que será pagado por la acusada Ligia Correa Villacorta de Vásquez, todo ello a favor del Estado.

POSICIÓN DE LAS DEFENSAS:

La defensa del acusado Miyashiro Yamashiro: Señaló que no existen elementos probatorios que acrediten la comisión del delito, y la responsabilidad penal de su patrocinado por tal motivo solicitará la absolución de los cargos formulados por el representante del Ministerio Público.

La defensa del acusado Correa Villacorta: Señala que no existen elementos probatorios que acrediten la responsabilidad de su patrocinada, por lo que solicitara que se le absuelva de la acusación fiscal y de la reparación civil.

La defensa del acusado Rebatta Rodríguez: Expone sus alegatos de apertura y solicita la absolución de su patrocinado de la acusación fiscal de la reparación civil.

IV.- NO ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS IMPUTADOS:

Luego de formulados los alegatos de apertura y de conformidad con el artículo 372° del Código Procesal Penal, el Juez, después de haber instruido en sus derechos a los acusados, les preguntó de manera personal, a cada uno de ellos, si se consideran responsables de los hechos, según los cargos materia de la acusación fiscal; el acusado Augusto Miyashiro Yamashiro, respondió personal y voluntariamente que, NO acepta los cargos de la acusación fiscal; el acusado Fernando Marcial Rebatta Rodríguez respondió personal y voluntariamente que, NO acepta los cargos de la acusación fiscal y la acusada Ligia Calina Correa Villacorta de Vásquez respondió personal y voluntariamente que, NO acepta los cargos de la acusación fiscal. Por lo que el juicio oral continuó conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal.

V.- ACTIVIDAD PROBATORIA DESARROLLADA EN JUICIO ORAL:

EXAMEN DE LOS ACUSADOS:

Fernando Marcial Rebatta Rodríguez: Refiere que es Contador Público colegiado, que en el periodo del 2007 al 2010 se desempeñó en el cargo de Sub Gerente de Contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos, teniendo como funciones: preparar la información financiera, efectuar la relación de inventarios, efectuar la contabilidad, asimismo remitir la memoria del Estado financiero del municipio. En cuanto a los estados financieros, estos eran anotados en el SIAF (el cual contenía información definitiva, permanente y verificable) por lo que efectuaban la contabilidad conforme a la norma. Asimismo, efectuaba los balances anuales de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, las cuales eran presentadas ante la Contraloría de la República y ante la Municipalidad Distrital de Lima. En los balances correspondientes a los años 2007-2010 utilizó las cuentas del citado municipio (que eran 2 cuentas), pero al encontrarse embargadas (por los procesos laborales de los trabajadores), crearon otras cuentas que denominaron, cuenta CAFAE Municipalidad de Chorrillos (Cta. Nro. 21722 del Banco Continental) y la cuenta denominada Residuos Sólidos (Cta. Nro. 530832 del Banco Scotiabank). En relación a la Cta. Nro. 21722, denominada CAFAE Municipalidad de Chorrillos, señala que fue creada debido a que las cuentas principales del Municipio se encontraban embargadas, siendo que estas cuentas eran abastecidas con los pagos de los contribuyentes denominado: “recursos directamente recaudados”, la disposición del dinero era manejada por Tesorería, en el pago de proveedores y de planillas; en el caso del pago a proveedores, estas eran realizadas mediante la elaboración de oficios dirigidos a la entidad bancaria a nombre de la Municipalidad de Chorrillos, documento que se encontraba suscrito por su persona por el cargo que ostentaba. En cuanto al pago de planillas, estás se realizaban con pagos en efectivo cobrados en ventanilla, por cuanto existía una Directiva Municipal que indicaba que se podían efectuar los pagos de planilla en efectivo. En cuanto a la cuenta del banco Scotiabank, denomina Residuos Sólidos, del cual se realizaban pagos usando cheques del Banco Continental de una cuenta inoperativa, asimismo de dicha cuenta se efectivizaban los donativos. Finalmente señala que con Memorandum 611 de la Gerencia de Administración a cargo de Luis Rojas Flores, se le indicaba que él y Luis Rojas Flores aperturen las cuentas denominadas CAFAE Municipalidad de Chorrillos y Residuos Sólidos. Por lo que la cuenta N° 21722 fue aperturada en septiembre del 2006 y cerrada el 27 de diciembre del 2010 a solicitud del auditor interno de la Contraloría de la República quien les indicó que estaban usando una cuenta que no era de la Municipalidad de Chorrillos.

Augusto Miyashiro Yamashiro: (se debe dejar constancia se leyó su declaración brindad en investigación preparatoria porque se negó a rendir su declaración en juicio oral) Refiere que es Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, desde el 01 de enero de 1999, teniendo como función supervisar que la ciudad se encuentre limpia y que se realicen obras (por ello tenía 9 grupos de 20 a 35 personas por los diferentes lugares haciendo obras, muy aparte de los hacen la limpieza y recogen las bolsas de basura, también los desmontes) y con relación a la administración del dinero lo delegaba a la Gerencia de Administración con la Sub Gerencia de Tesorería y Contabilidad, de igual manera controla el Gerente Municipal. Conoce a Ligia Calina Correa Villacorta de Vásquez, Cristina Lila de la Torre Ugarte Cordova, Fernando Rebatta Rodriguez, Carlos Salguero Avalos y Luis Alberto Rojas Flores por ser funcionarios de la Municipalidad de Chorrillos. Precisa que para la campaña de las elecciones del 2006, no usaron dinero de la Municipalidad, sino que fueron aportes voluntarios de familiares, amigos, militantes y algunos funcionarios. Explica que el CAFAE administra un fondo mutuo que proviene de las tardanzas y permisos de los trabajadores y se les descuenta por planilla, la misma que es administrada por el Presidente del CAFAE (Luis Rojas Flores) y el Contador (Fernando Rebatta). Precisa que puede surgir una confusión, por lo que reafirma que en la Municipalidad de Chorrillos, existían 2 cuentas denominadas CAFAE, el cual era la cuenta CAFAE de trabajadores (donde se depositan los ingresos provenientes de las tardanzas y faltas de los trabajadores, lo cual era revertida –a los trabajadores– mediante préstamos), y la cuenta CAFAE MUNICIPAL (que era de uso de Tesorería denominada Cta. 21722, donde se depositaban los ingresos de la Municipalidad –pago de los tributos, predial, registro civil, de obras entre otros, en cuanto el FONCOMUN no formaba parte de los ingresos a esta cuenta– para que se efectúan los pagos de planillas y proveedores, confeccionando unos oficios para reclamar los cheques de gerencia firmados por el tesorero y el presidente de CAFAE), la cuenta N° 21722 – CAFAE a nombre de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, fue aperturada por el señor Luis ROJAS FLORES – Gerente de Administración y Finanzas, Fernando REBATA RODRIGUEZ – Sub Gerente de Contabilidad, en su condición de Presidente y Tesorero del CAFAE. Ello realizado con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Municipalidad de Chorrillos, por los constantes embargos judiciales sobre las cuentas de la Municipalidad, lo cual imposibilitaba el normal desarrollo de las labores en la comuna, por lo que al ser denominada como cuenta de CAFAE no estaba sujeto de embargo en los bancos. Y ello fue a raíz de que funcionarios de Municipalidad (Gerente Municipal, Gerente de administración y Finanzas, Sub Gerente de Tesorería, Sub Gerente de Contabilidad, Sub Gerente de Abastecimientos, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, el Gerente de Rentas y otros Funcionarios) acordaron la apertura de dicha cuenta, comunicándole ello en forma posterior. Ahora bien, el manejo de dicha cuenta estaba a cargo de la Tesorera, la señora Ligia Correa, quien indicaba el ingreso de aportes como el retiro de los fondos de la cuenta N° 21722. Señala que en cuanto al desembolso efectuado por 200,000.00 soles a favor de Carlos Salguero Avalos de la cuenta 21722, mediante oficio N° 0063-2008-CGT-MDCH, si se realizó, por cuanto el señor Salguero (quien trabaja en tesorería) sólo fue a recoger el cheque de Gerencia a nombre de la Municipalidad. Indica que el firmó los comprobantes de bonificación por riesgo de caja de fecha: mayo del 2009 que estaban sustentados en la Resolución del Alcaldía N° 0736-1999 y la Resolución N° 4572-2001 de la MDCH, la cual lo hizo en razón de darle aprobación, más aún que para que él firmara el documento, este pasaba por varias Gerencias quienes daban el visto bueno al documento, asimismo al documento se le adjuntaba el comprobante de pago y el cheque, donde tomaba conocimiento de lo que estaba firmando y a quien se le iba a pagar. Asimismo, que cuando solicitaba información del ingreso del dinero, le remitían un informe donde le detallaban el total del dinero. Que los responsables del movimiento bancario de la municipalidad de chorrillos, conforme al Acuerdo de Consejo N° 020-2007-MDCH, era realizado por el Gerente de Administración (Luis Rojas Flores), el Sub Gerente de Contabilidad (Fernando Rebatta Rodríguez) y el Sub Gerente de Tesorería (Ligia Calina Correa de Vasquez), y ello era comunicado al Despacho del Gerente Municipal. Finalmente señala que desconoce el motivo por el cual los depósitos del dinero a las cuentas se efectuaban hasta con 4 meses posteriores, siendo ello responsabilidad de la Tesorera Liga Calina Correa de Vásquez.

SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS EN EL DELITO DE PECULADO DOLOSO

El delito de peculado doloso previsto en el primer párrafo, del artículo 387° del Código Penal, modificado por la Ley N° 26198 establecía “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.

Este delito es especial y de infracción de deber, pues el agente debe ser un funcionario o servidor público, en el presente caso los acusados MIYASHIRO YAMASHIRO, REBATTA RODRÍGUEZ y CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ actuaron ilícitamente en ejercicio indebido de sus cargos de Alcalde, subgerente de Contabilidad y Subgerenta de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, respectivamente. Entonces se cumple con la presencia del sujeto activo”. Asimismo, se cumple con el elemento típico “apropiar”, pues en el juicio oral quedó acreditado que los citados acusados recaudaron los ingresaron en las cuentas 21722 y 530832, la cuales no estaban autorizadas legalmente, sino lo hicieron con la finalidad de evitar el control y realizar supuestas justificaciones con cheques no tienen fondos y se es manera apropiarse indebidamente de los fondos de la aludida Municipalidad.

También se satisface el elemento configurador “en cualquier forma”, ya que los medios que usaron los acusados para la perpetración del fin ilícito fueron la apertura y manejo irregular de dichas cuentas. Es claro que los recaudos, al margen que se usaron para el sostenimiento económico y financiero del municipio, también existió un fin oculto e ilícito, concretado en el uso del mismo “para sí mismos”, es decir todos los acusados fueron beneficiados en la apropiación de los fondos, además de ello tenemos que el acusado MIYASHIRO YAMASHIRO aceptó que los fondos de la Municipalidad fue para solventar gastos de su campaña y, de ese modo, volver a obtener la reelección a la Alcaldía, conforme se desprende de las actas de visualización del 16 y 22 de abril65, los mismos que fueron oralizados en el juicio oral.

Este último elemento demuestra la relación funcional con los acusados y si bien no fue cuestionado por los precitados, se debe indicar que el acusado MIYASHIRO YAMASHIRO tuvo la administración jurídica de los recaudos, conforme lo establecen el ROF y MOF del municipio; por su parte el encausado REBATTA RODRÍGUEZ, por su condición de subgerente de Contabilidad tuvo la administración material de los fondos; y, la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ en calidad de subgerenta de Tesorería fue la encargada de percibir los ingresos y manejar las cuentas donde se efectuaban los depósitos. En síntesis, se han presentado los elementos típicos objetivos del tipo penal de peculado doloso, pues no actuaron conforme a los deberes especiales que se les confirió y, es así, que afectaron los intereses patrimoniales del municipio, al no salvaguardar la lealtad y probidad con el que debieron ejercer sus cargos.

Ahora bien, también está demostrada la conducta dolosa de los encausados, pues estos mismos aceptaron haber aprobado la apertura de dichas cuentas bancarias, si bien con la excusa improbada de manejar debidamente los recursos del Municipio, pues las cuentas oficiales estaban embargadas; sin embargo, ya se estableció, que el análisis incriminatorio supera tal explicación. Por ello, se ha consumado el hecho delictivo. No se aprecian causas de justificación que desvanezca la antijuridicidad de sus conductas, ni motivos de exclusión de la culpabilidad, por lo que deben ser sancionados penalmente.

RESPECTO AL DELITO DE EXPEDICIÓN DE INFORME FALSO EN PROCESO JUDICIAL

90.- Según el requerimiento acusatorio, oralizado en el plenario, se le atribuye también a la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ el delito de expedición de informe falso en proceso judicial, tipificado en el artículo 412 del Código Penal, por haber deliberadamente remitido información sobre la existencia de cuentas bancarias de la Municipalidad de Chorrillos a la Procuraduría Municipal de Chorrillos, dispuesto en la Resolución N° 28, del 25 de junio de 2009 por el Décimo Noveno Juzgado Laboral de Lima. Este órgano jurisdiccional resolvió oficiar al municipio para que informe detalladamente sobre las cuentas habilitadas que les pertenecen.

Sin embargo, ante el pedido por Memorándum N° 0181/2009-MDCH, la acusada CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ remitió -por Informe N° 0112/2009-SGT.MDCH66, del 12 de agosto de 2009- las cuentas corrientes del Banco Scotiabank: i) en moneda nacional N.° 0530832, y ii) en moneda extranjera N.° 2624618; asimismo, informó sobre las cuentas del Banco de la Nación: i) cuenta central MN N.° 000-866008, ii) FONCOMUN MN N.° 0000-225266, iii) REGALÍAS MN N.° 0000-551465, iv) CANON MN N.° 0000-294955, v) DETRACCIONES MN N.° 0000-718122, vi) PRESUPUESTO-PVL MN N.° 0000-718122, vii) GOB. NACIONAL Y REG. N.° 0000-872296, viii) PAGO SENTENCIA JUDICIAL LEY 28411 artículo 70 N.° 0000-550345, y ix) RETENCIÓN LEY 28015-Art. 21 N.° 000-568864. Como se aprecia, no remitió información sobre las cuentas 21722, con la clara intención de no poner a conocimiento sobre los manejos ilícitos que realizaba junto a los coacusados MIYASHIRO YAMASHIRO y REBATTA RODRÍGUEZ y, así, continuar con dichas operaciones delictivas, en uso y provecho de sus cargos.

El abogado de la precitada ha indicado que la acción penal ha prescrito. Al respecto es preciso indicar que dicho pedido debe ser valorado a la luz del Acuerdo Plenario N° 01-2010, del 16 de noviembre de 2010 y el Acuerdo Plenario N° 03-2012 (I Acuerdo Plenario Extraordinario) de fecha 26 de marzo de 2012, de la lectura de ambos se determina que la suspensión de la prescripción de la acción penal previsto en el artículo 339°.1 del Código Procesal Penal, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción, más la mitad de dicho plazo.

En tal sentido, los hechos se consumaron para el presente ilícito penal el 12 de agosto de 2009 –conforme al título de imputación fiscal-, por lo que desde esa fecha se debe contabilizar el plazo de prescripción de la acción penal, con la respectiva suspensión conforme a los citados Acuerdos Plenarios. Para tal efecto se debe precisar que mediante Disposición N° 07-2012, de fecha 16 de abril de 2012, el Titular de la acción penal dispuso la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria, motivo por el cual desde esa fecha debe quedar suspendida la prescripción de la acción penal, que contabilizado el plazo ordinario -3 años- más extraordinario -1 año y 6 meses-, dicho plazo quedaría suspendido hasta el 16 de octubre de 2016.

Por otro lado, desde la fecha que ocurrieron los hechos -12 de agosto de 2009-, a la fecha de emisión de la Disposición Fiscal, han transcurrido 2 años, 8 meses y 2 días; y, desde el 16 de octubre de 2016 hasta la fecha de emitida la presente sentencia han transcurrido 3 años, 11 meses y 19 días.

A este último periodo 3 años, 11 meses y 19 días se debe sumar el plazo transcurrido desde la comisión del delito hasta la fecha de Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria –2 años, 8 meses y 2 días-, lo que hace un total de 6 años, 7 meses y 21 días –incluso si se descontar el tiempo que han quedado suspendido los plazos procesales desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio de 2020, como consecuencia de la Pandemia por el Covid-19, el tiempo transcurrido sería más de 6 años.

Entonces, teniendo en cuenta que el delito materia de acusación contra la acusada Correa Villacorta previsto en el artículo 412° del Código Penal, es sancionado con no mayor de 3 años de pena privativa de libertad y conforme a los artículos 80° y 83° del Código Sustantivo el plazo máximo de prescripción de la acción penal sería de 4 años y 6 meses; además, considerando que se encuentra en concurso real con el delito de peculado según la imputación fiscal, los plazos de prescripción de la acción penal se contabilizan de manera independiente y/o separada conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 80° del Código Sustantivo.

En tal sentido, conforme a los artículos 80° y 83° del Código Penal, el artículo 339°.1 del Código Procesal Penal, así como los Acuerdos Plenarios N° 01-2010 y N° 03-2012 (I Acuerdo Plenario Extraordinario), desde la fecha de comisión del delito hasta emitida la presente sentencia han transcurrido 6 años, 7 meses y 21 días –incluso si se descontar el tiempo que han quedado suspendido los plazos procesales desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio de 2020, como consecuencia de la Pandemia por el Covid -19, el tiempo transcurrido sería más de 6 años-, tiempo que sobrepasa el límite establecido para el delito de expedición de informe falso en proceso judicial, que es de 4 años y 6 meses, motivo por el cual se debe declara fundada el pedido de la defensa de la acusada Correo Villacorta y de la señora Fiscal.

IX.- DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA

ACERCA DEL SISTEMA DE TERCIOS

97.- Si bien el artículo 45-A del Código Penal, fue incorporado el 19 de agosto de 2013, mediante la Ley número 30076, esto es, después que ocurrieron los hechos; sin embargo, en base al principio de favorabilidad se debe aplicar al presente caso dicha modificatoria que establece un nuevo sistema de individualización de la pena, conocido como el sistema de tercios.

98.- En estos casos se procede a dividir el marco penal abstracto del tipo penal -sea este un delito simple o en su forma agravada- en tres partes, donde se va a obtener un tercio inferior, un tercio intermedio y un tercio superior. Para determinar en qué tercio se ha de individualizar la pena -pena concreta- debemos atender a la concurrencia de las circunstancias de atenuación y agravación genéricas, esto es, las previstas en el artículo 46º del Código Penal. De este modo, si no existen circunstancias atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determinará dentro del tercio inferior. Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio, pero si concurren únicamente circunstancias agravantes la pena se determinará dentro del tercio superior. Finalmente, cuando el Juez ha ubicado el tercio correspondiente procederá a individualizar la pena en atención al alcance o entidad del injusto cometido, para lo que ha de atender a valorar los factores previstos en los artículos 45º del acotado Código. – 111 –

99.- Al haberse acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal de los acusados Augusto Miyashiro Yamashiro, Fernando Marcial Rebatta Rodríguez y Ligia Calina Correa Villacorta De Vásquez respecto al delito de peculado, se procede a establecer la determinación judicial de la pena, para lo cual se debe precisar que el Título Preliminar de nuestro ordenamiento penal, que enarbola un conjunto de principios garantistas consagrados entre ellos el Principio de Lesividad, por el que para la imposición de la pena, necesariamente se requiere de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley; así también del Principio de Proporcionalidad, que obedece a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer, por tanto, corresponde evaluar factores tales como la gravedad del comportamiento o la percepción social relativa a la adecuación entre delito y pena, vale decir que la pena debe estar en relación al daño causado, al bien jurídico tutelado, el grado de responsabilidad y a las circunstancias de la comisión del delito, debiendo cumplir la función preventiva, protectora y resocializadora, conforme lo prevé los artículos VII y IX del Título Preliminar del Código Pena; consecuentemente, la graduación de la pena debe ser el resultado de análisis crítico jurídico de la prueba aportada, en razón de la naturaleza del ilícito y la responsabilidad del agente en su comisión, como de las condiciones personales y carencias sociales que tuviere.

100.- Para poder establecer la sanción adecuada se debe realizar dos etapas secuenciales: 1) La identificación de la pena básica o abstracta y, 2) la individualización de la pena concreta. En el primer caso, se debe identificar la pena mínima –límite mínimo- y máxima –límite máximo-, en el caso del delito de peculado, previsto en el artículo 387° del Código Penal, modificado por la ley N° 26198, cuya pena mínima establecía de 2 años y la máxima es de 8 años. Después de ubicar la pena abstracta se debe proceder a realizar la división de tercios regulado en el artículo 45-A del Código Penal, por lo que se tiene como tercio inferior de 2 a 4 años; como tercio intermedio de 4 a 6 años; y, como tercio superior de 6 a 8 años.

101.- El artículo 46° del Código Penal establece las circunstancias atenuantes y agravantes que debe ser valorado y analizado por el Juez al momento de imponer la pena en ella establece como circunstancia atenuante la carencia de antecedentes penales –apartado a) del inciso 1 del artículo en mención-, este supuesto se cumple sólo – 112 –  respecto a los acusados Augusto Miyashiro Yamashiro y Fernando Marcial Rebatta Rodríguez, por cuanto el representante del Ministerio Público, no ha señalado que cuenten con antecedentes penales o judiciales, pero en el caso de Ligia Correa Villacorta De Vásquez tiene antecedentes penales como es en el expediente N° 00051-2013-7-1826-JR-PE-03. Y se presenta la pluralidad de agentes para la comisión del delito de peculado, lo que implica una circunstancias agravantes, por lo que la sanción a imponerse debe estar comprendida dentro del tercio intermedio conforme lo autoriza el apartado b) del inciso 2° del artículo 45-A del Código Sustantivo.

En la segunda etapa de la determinación judicial de la pena, el Juez debe realizar un quehacer explorativo y valorativo en función a la presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el caso. Estas circunstancias son indicadores que posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita –antijuricidad del hecho- o el mayor o menor grado de reproche –culpabilidad del agente-, mediante este mecanismo se puede valorar si un delito es o no grave y a partir de ello establecer los alcances cualitativos y cuantitativos de la pena que debe imponerse al autor -en otras palabras ayuda a la graduación de la sanción-.

Además se debe tener en cuenta que la pena como respuesta a la comisión de un delito, consiste en la privación de determinados bienes jurídicos con fines preventivos y resocializadores. También se considera como una consecuencia jurídica lógica del delito y su imposición conlleva a una situación de seguridad jurídica, pues en todo Estado de Derecho, el delito ha de ser conminado y sancionado con una pena, que no es la única sanción que establece el ordenamiento jurídico, pero si la más grave, enérgica y contundente, además es la principal consecuencia jurídica del delito y sirve como medio de prevención, pues intenta prevenir la creación de nuevos delitos en la sociedad -prevención general de la criminalidad- y a su vez previene que el sujeto vuelva a delinquir -prevención especial-, contrarrestando los impulsos criminales de cualquier privación o restricción de derechos, sino que constituye una privación o restricción de bienes jurídicos controlados legalmente y revestida de inquebrantables garantías penales y procesales.

El artículo 45° y 46° del Código Sustantivo establece presupuestos que deben ser valorados para imponer la pena concreta, así tenemos: 1) las carencias sociales que hubiera sufrido el agente: no se cumplen porque los acusados al momento de la comisión del delito se desempeñaron como funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, pues el acusado Miyashiro Yamashiro fue el Alcalde del citado Municipio y tenía pleno conocimiento de sus funciones y actuaba con conocimiento de sus actos, pues tenía amplia experiencia en ejercer dicho cargo público; por su parte el acusado Rebatta Rodríguez, en el juicio oral, ha indicado que se desempeñó como de Sub-Gerente de Contabilidad de la Municipalidad de Chorrillos, tiene la profesión de Contador y tuvo experiencia en el manejo y control de los fondos de la Municipalidad; y, la acusada Ligia Correa tiene la profesión de contadora y se desempeñó como Sub Gerente de Tesorería de la citada Municipalidad, por tanto tenían funciones que debían cumplir debidamente en beneficio de la entidad edil; 2) su cultura: se advierte que los acusados Miyashiro Yamashiro, Rebatta Rodríguez y Ligia Correa tienen educación superior, ingeniero y contadores, respectivamente, tienen conocimiento adecuado de las funciones que desempeñaban como funcionarios de la Municipalidad de Chorrilos. El acusado Miyashiro Yamashiro tenía amplia experiencia en el manejo de los fondos públicos porque tuvo varias gestiones como Alcalde en la misma entidad Municipal; mientras que los acusados Rebatta Rodríguez y Ligia Correa al ser contadores, Sub-Gerente de Contabilidad y jefa de la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad agraviada, respectivamente, tuvieron la obligación de velar por el buen manejo de los fondos públicos, llevando el control adecuado de las finanzas, así como administrar el movimiento de dinero, por lo que el hecho que sostengan que el hecho de haber aperturado cuentas bancarias que, formalmente, no se encontraban a nombre de la Municipalidad, con el pretexto que no se perjudique la Institución Edil por los embargos judiciales, no es recibo, porque ese procedimiento originó que no se efectúe un control adecuado de los fondos y de esa manera todos los acusados dispongan y se apropien ilícitamente de fondos públicos; 3) también se debe valorar la forma y circunstancias que ocurrieron los hechos: en el juicio oral se acreditó que los acusados actuaron con la finalidad de apropiarse ilícitamente de fondos públicos, pues no se realizó un adecuado manejo y control de los ingresos de la Municipalidad, pues el hecho de aperturar cuentas bancarias con el nombre de CAFAE MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS, formalmente no es una cuenta de la citada Municipalidad. Se determinó que dicho proceder fue con la finalidad que no sea controlado y verificado los gastos realizados, además, sin sustento normativo, se procedió a disponer que los pagos por diversos servicios se realicen con dinero en efectivo, lo que también produjo que los precitados puedan apropiarse de fondos de la Municipalidad, pues no había el control adecuado. Otro hecho que también debe ser valorado es el hecho que los acusados Miyashiro Yamashiro y Correa Villacorta emitieron diversos cheques de la cuenta N° 19252 del Banco Continental, a pesar que tenían pleno conocimiento que no tenía fondos; la defensa de la acusada Correa Villacorta en los alegatos finales indicó que los gastos de todos los cheques se encuentran debidamente sustentados, pero, como se acreditó, no se determinó el monto exacto de dinero en efectivo que manejaba caja de tesorería para poder cubrir todos los gastos, y ese procedimiento también fue usado por los precitados para poder apropiarse de fondos al no existir una control adecuado de los ingresos y egresos

El comportamiento desarrollado por los citados acusados perjudica claramente el bien jurídico protegido del delito de peculado, cual es el recto y normal desarrollo de la administración pública, en específico el patrimonio del Estado, por lo que de conformidad con los principios de proporcionalidad y lesividad deben ser sancionados en el mismo nivel de gravedad de su comportamiento desplegado. De lo actuado en juicio oral se advierte que ninguno de los acusados, a pesar que se acreditó plenamente la responsabilidad penal, no han mostrado signos de arrepentimiento de sus actos, sino todo lo contrario indican que actuaron conforme a las normas legales, tanto más si los acusados actuaron de manera coordinada con la finalidad que cada uno de ellos realicen sus acciones ilícitas, pues cumplían un rol fundamental para conseguir su objetivo.

Pero este Despacho también debe considerar la situación de Pandemia que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19, el hecho de la existencia de hacinamiento en los centros penitenciarios y el riesgo de afectar de modo irreversible la salud o la vida de los internos privados de libertad al mantener su confinación carcelaria. También se valora la edad de los acusados, así tenemos: 1) Miyashiro Yamashiro si bien cuando ocurrieron los hechos contaba con 61 años de edad, pero en la actualidad cuenta con 71 años de edad (fecha de nacimiento 08 de agosto de  1949); 2) Correa Villacorta cuando sucedieron los hechos tuvo 59 años de edad, ahora tiene 76 años de edad (fecha de nacimiento 27 de abril de 1951); y, 3) Rebatta Rodríguez la tuvo 66 años de edad al momento que ocurrieron los hechos, y ahora cuenta con 76 años de edad (fecha de nacimiento 30 de junio de 1944). Todos estos encausados se encuentran dentro de las personas vulnerables de contraer el COVID-19, conforme lo ha establecido el Ministerio de Salud. En tal sentido, este Despacho valora la situación que en este momento presentan los Centros Penitenciarios y si bien el número de contagios, hospitalizados y muertes por el COVID-19 está en descenso, esa situación debe ser valorada de manera responsable, pues no significa que dicho virus está siendo controlado, pues las autoridades de salud han indicada que se debe seguir cumpliendo todos los protocolos de seguridad para evitar el contagio, pues de no hacer es posible que se presente un rebrote que sería perjudicial para la población.

Además, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Apelación N° 22-2019- LIMA NORTE, de fecha 26 de agosto de 2020, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que establece: “Que si bien el delito de cohecho pasivo específico materia de condena está considerado un delito excluido por el Decreto Legislativo 1513, de cuatro de junio de dos mil veinte, ello en modo alguno impide, en los supuestos de prisión preventiva, la cesación de la misma, siempre que se presenten los supuestos fijados en el artículo 3 inciso 3, que a su vez remite al artículo 3 inciso 2 del referido Decreto Legislativo. Es patente que el derecho a la salud –como derecho individual y obligación del Estado– es prioritario en tiempos de pandemia, y más aún cuando a la propia vulnerabilidad del privado de libertad en un Establecimiento Penal se le agrega un factor de comorbilidad como el VIH y, además, ya se ha contagiado de la covid-19, pero felizmente lo ha superado –así incluso lo sostuvo su defensa en la audiencia, lo que en modo alguno, por sus problemas de salud, puede estimarse que está inmune a un nuevo contagio, más aun en lugares hacinados –dato reconocido por las autoridades del Sector Justicia y de conocimiento notorio–. Que, siendo así, en vista que el imputado no presenta riesgo serio de fuga –y, antes, ha cumplido con los emplazamientos judiciales e incorporó documentos de arraigo social– y que se trata de una persona con un factor de comorbilidad al covid-19, como es el VIH, que ya padeció en el Penal de esa enfermedad contagiosa, resulta razonable y proporcional optar, en resguardo del derecho a la salud, por disponer una medida menor intensidad que la privación cautelar de libertad”. En dicha resolución, la Corte Suprema de Justicia precisa que se debe resguardar el derecho a la salud de las personas que presentan factores de comorbilidad al Covid-19, que en efecto, mediante Resolución Ministerial 283-2020-MINSA, del 13 de mayo de 2020, se estableció que las personas mayores de 65 años de edad son aquéllas que presentan mayor riesgo de complicaciones por Covid-19 y por eso determinó que se encuentran en el grupo de riesgo. En el presente caso, todos los acusados se encuentran dentro de dicho rango, por lo que en resguardo de la salud de los mismos y teniendo en cuenta el estado de hacimiento de los Centros Penitenciarios, se les debe imponer pena condicional, pero sujeto a reglas de conducta que deberán cumplirlas de manera escrupulosa y obligatoria, bajo expreso apercibimiento que en caso no cumplan se revoca la sanción condicional.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio de conciencia que la Ley autoriza, el Juez del Tercer Juzgado Unipersonal de Lima;

FALLA:

1.-CONDENANDO a AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ, como autores del delito contra la Administración Pública –Delitos cometidos por Funcionarios Públicos– PECULADO, previsto en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, modificado por la Ley N° 26198, en agravio del Estado Peruano.

2.- En tal virtud:

  1. Se IMPONE A: AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO, FERNANDO MARCIAL REBATTA RODRÍGUEZ y LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ: a cada uno de ellos CUATRO (04) AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se suspende condicionalmente por el periodo de prueba de TRES AÑOS (03) sujeto a las siguientes reglas de conducta:
  2. a) La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial,
  3. b) Se deben registrar y justificar sus actividades cada 30 días en el Registro de Control Biométrico de la forma y modo que establece el Juzgado de Investigación Preparatoria, teniendo en cuenta la situación de Pandemia por el COVID-19, que en la actualidad está sucediendo.
  4. c) No volver a cometer delito doloso,
  5. d) Resarcir el daño ocasionado como consecuencia de la comisión del delito por el cual fueron condenados.

Todas estas reglas de conducta deberán ser cumplidas debidamente, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se proceda conforme a lo señalado en el artículo 59° del Código Penal

  1. Asimismo, les IMPUDIERON A CADA UNO DE LOS CONDENADOS la pena DE INHABILITACIÓN ACCESORIA DE 04 (CUATRO) AÑOS conforme a los incisos uno y dos.

Del artículo 36° del Código Penal: esto es, (i) su alguno de los precitados ejercen cargo o función dentro de alguna institución del Estado se le debe privar de dicho cargo o función; y (ii) En caso que alguno de los condenados no tenga ningún vínculo con el Estado se dispone la incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo o comisión de carácter públicos. Para tal efecto se deberá remitir copia certificada de la presente sentencia a las instituciones respectivas con la finalidad que haga efectivo la disposición judicial.

4.-FIJARON en 10´877,900.40 SOLES (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SOLES CON CUARENTA CÉNTIMOS) (10´867,900.40 soles por daño patrimonial y 10,000 soles por daño extrapatrimonial) por concepto de REPARACIÓN CIVIL que deberán pagar de manera solidaria a favor del Estado, debiendo también tenerse en cuenta que corresponde dicha obligación a una regla de conducta respecto de la suspensión de ejecución de la pena.

5.- DECLARARON: FUNDADA LA PRETENSIÓN DE LA SEÑORA FISCAL Y DEL ABOGADO DE LA ACUSADA CORREA VILLACORTA, EN EL EXTREMO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en consecuencia, se declara EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL RESPECTO A LA ACUSADA LIGIA CALINA CORREA VILLACORTA DE VÁSQUEZ por delito de expedición de informe falso en proceso judicial, previsto en el artículo 412° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano

6.- DECLARARON: INFUNDADA la pretensión de la Actor Civil respecto al extremo del pago de reparación civil del acusado Becerra Calderón por delito de peculado.

7.- No corresponde imponer pago de costas en el presente proceso.

8.- MANDARON que firme que sea la presente sentencia se inscriba en el Registro respectivo, se remitan los testimonios y boletines de condena; y, hecho, se envíe el proceso al órgano jurisdiccional de origen para los fines legales correspondientes.

Hágase saber en audiencia pública y tómese razón donde corresponda

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