Al no existir convicción respecto al estado de salud del demandante, en los casos de enfermedad profesional, corresponde resolver el caso en la vía judicial ordinaria ▎Exp. 3536-2016-PA/TC

Por: Jefferson Jerry Silva

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 15 días del mes de julio de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento de los magistrados Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera,
aprobado en la sesión del Pleno de fecha 27 de febrero de 2018. Asimismo, se agregan los fundamentos de voto de los magistrados Sardón de Taboada y Ferrero Costa.

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcelino López Ccahuana contra la resolución de fojas 732, de fecha 18 de marzo de 2016, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de abril de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita la inaplicación de la Resolución 6824-2006-ONP/DC/DL 18846, de fecha 31 de octubre de 2006. En consecuencia, requiere que se le otorgue una pensión de invalidez vitalicia del Decreto
Ley 18846 por padecer de enfermedad profesional, con el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales, y los costos y las costas procesales.
La ONP contesta la demanda manifestando que el actor pretende acreditar que adolece de enfermedad profesional con un documento médico que no es idóneo, pues no ha sido expedido por una Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales debidamente constituida conforme a ley ni cuenta con la numeración correspondiente.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima. con fecha 15 de junio de 2015, declara fundada la demanda y ordena que se le abone al demandante una pensión de invalidez por enfermedad profesional, conforme a la Ley 26790. Así, considera que efectuó labores sujetas a riesgo y que se ha demostrado que adolece de la enfermedad profesional de silicosis.
La Sala Superior competente revoca la apelada y declara improcedente la demanda por estimar que, mediante el informe de evaluación médica de fecha 18 de mayo de 2007 (folio 360), presentado por la emplazada, se determina que el actor no presenta menoscabo global respiratorio ocupacional (sin evidencia de neumoconiosis) y que, en la evaluación neumológica ocupacional, se diagnosticó que no había evidencias de neumoconiosis.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

 1. El recurrente solicita que se le otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y la Ley 26790, con el pago de los devengados, los intereses legales, y los costos y las costas procesales.

2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, a través del amparo, son susceptibles de protección los supuestos en que se deniegue una pensión de invalidez por enfermedad profesional, a pesar de cumplirse los requisitos legales.

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama: pues, de ser así, se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad demandada.

Análisis de la controversia

4. Este Tribunal, en el precedente recaído en la Sentencia 02513-2007-PA/TC, ha unificado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

5. Al respecto, conforme a lo dispuesto en la sentencia emitida en el Expediente 799-2014-PA, con carácter de precedente, en el fundamento 25, se establece la regla sustancial 2 que prescribe lo siguiente: “Dichos informes médicos pierden valor probatorio si se demuestra en el caso concreto que se presenta alguno de los siguientes supuestos: 1) no cuentan con historia clínica; 2) que la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas; y 3) que son falsificados o fraudulentos; correspondiendo al órgano jurisdiccional solicitar la historia clínica o informes adicionales, cuando, en el caso concreto, el informe médico presentado por el demandante no genera convicción en el juzgador por sí solo”.

6. De la revisión de los actuados, se advierte que obran los siguientes documentos médicos:

  • El certificado médico del Ministerio de Salud emitido por la Comisión Médica Calificadora de la incapacidad del Hospital de Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz (folio 5), de fecha 13 de febrero de 2009. En este documento, se señala que el demandante adolece de enfermedad pulmonar lateral difusa por silicosis en II estadio, con 100 % de menoscabo global, sin consignarse 1o que se precisa en el segundo párrafo del artículo 18.2.2. del Decreto Supremo 003-98-SA, que señala lo siguiente:

La pensión será, como mínimo, del 100% de la “Remuneración Mensual”, si como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional amparado por este seguro. EL ASEGURADO calificado en condición de invalidez Total Permanente, quedará definitivamente incapacitado para realizar cualquier clase de trabajo remunerado y además, requiera indispensablemente del auxilio de otra persona para movilizarse o para realizar las funciones esenciales para la vida […].

A su vez, este certificado médico se sustenta en la historia clínica 275709, de fecha 3 de febrero de 2009 (folios 119 a 128), en la que se le diagnostica que adolece de silicosis en II estadio, con 70% de incapacidad. A mayor abundamiento, a fojas 643, obra el escrito del demandante de fecha 16 de setiembre de 2015, en el que manifiesta que el certificado de la Comisión Médica del Hospital de Puente Piedra Carlos Lanfranco La Hoz (folio 5) no fue expedido conforme a ley, se emitió con errores habiéndose practicado un exornen por el cual se determinó que presenta enfermedad pulmonar lateral difusa por silicosis en II estadio, con un menoscabo de 71%, conforme al Certificado de Invalidez 010-2009, del 13 de febrero de 2009 (folio 639).

  • Por otro lado, consta en la transacción extrajudicial celebrada con la empresa Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros el 5 de marzo de 2008 (folios 70 a 72 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), esto es, un año antes de la emisión del referido certificado médico de fecha 13 de febrero de 2009, que el actor —en la cláusula quinta— manifiesta su plena conformidad con el menoscabo global en su persona que se establece en la cláusula tercera (hipoacusia con un menoscabo global de 21.25 %) y que no adolece de ninguna enfermedad profesional o accidente de trabajo distinto a lo manifestado en dicha cláusula.

7. En consecuencia, no existe convicción respecto al estado de salud del demandante. En tal sentido, este Tribunal considera que el presente caso plantea una controversia que no corresponde resolver en la vía constitucional, sino en la vía judicial ordinaria, que cuenta con etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en cl artículo 9 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 1a Constitución Política del Perú.

HA RESUELTO

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Si bien estamos de acuerdo con lo resuelto en la sentencia en mayoría que declara IMPROCEDENTE la demanda, estimamos necesario hacer la siguiente precisión respecto a lo señalado en el fundamento 6 de la citada sentencia:

Y es que, en reiteradas oportunidades hemos señalado que a través de las Notas Informativas 849-2013-DGSP/DAIS/MINSA, 852-2013-DGSP-DAIS/MINSA y

853-2013-DGSP/MINSA, expedidas por el Director Ejecutivo de la Dirección  de Atención Integral de Salud de la Dirección General de la Salud de las Personas del Ministerio de Salud de que el Hospital Carlos Lanfranco, el Tribunal ha tomado conocimiento de que el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra-Lima no está autorizado para emitir pronunciamiento respecto a la calificación de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; lo cual se encuentra corroborado con el Oficio 336-2018-DGIESP/MINSA, de fecha 8 de febrero de 2018, mediante el cual el Director Ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud, remite al Tribunal la Nota Informativa 46-2018-DSCAP-DGIESP/MINSA, de fecha 5 de febrero de 2018, en la que se precisa que:

el Hospital “Carlos Lanfranco La Hoz” de Puente Piedra, no está autorizado  para expedir certificado médico que determine el grado de invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo del régimen del seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, Decreto Supremo 003-98-SA, así como del Decreto Ley 18846 o su sustitutoria, la Ley 26790.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Si bien estoy de acuerdo con lo resuelto en la sentencia expedida en autos, discrepo de su fundamentación.

La parte demandante solicita que se le otorgue una pensión de invalidez por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley 18846 y su sustitutoria, la Ley 26790.

Con relación a este tipo de pretensiones, es necesario verificar, en primer lugar, que la enfermedad profesional alegada se encuentre debidamente acreditada ―así como el grado de menoscabo que esta genera―, para luego determinar la relación de causalidad entre la enfermedad diagnosticada y las labores desempeñadas.

Sobre el particular, debe recordarse que el precedente Hernández Hernández (Expediente 02513-2007-PA/TC) ratificó el criterio desarrollado en el Expediente 10063-2006-PA/TC sobre la entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional: una comisión médica evaluadora de incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS.

Sin embargo, en un reciente precedente aprobado por la mayoría de mis colegas magistrados (Expediente 00799-2014-PA/TC, precedente Flores Callo), se ha establecido una serie de reglas referidas a los informes médicos que presentan las partes en un proceso de amparo de esta naturaleza, a fin de determinar el estado de salud del demandante, respecto de las cuales discrepo profundamente.

En el voto singular que entonces suscribí, señalé que hace más de cinco años se ha venido desactivando las comisiones médicas de enfermedades profesionales de EsSalud en nuestro país en atención a la disolución del convenio suscrito con la ONP, habiéndose reconformado únicamente en el Hospital Almenara de Lima (Resolución de Gerencia 795-G-HNGAI-ESSALUD-2017), según la información proporcionada por dicha entidad, encontrándose autorizados también los Hospitales Rebagliati, de Lima, y Seguín Escobedo, de Arequipa. Este último, según información proporcionada de manera posterior a la elaboración del mencionado voto singular también ha conformado una comisión médica del Decreto Ley 18846 (Resolución de Gerencia de Red 589- GRAAR-ESSALUD-2018).

Con relación a los hospitales del Ministerio de Salud, no existen comisiones médicas conformadas para el diagnóstico de enfermedades profesionales. Solo se encuentra facultado el Instituto Nacional de Rehabilitación para la emisión de los certificados respectivos a través del Comité Calificador de Grado de Invalidez.

En tal sentido, no me generan convicción los certificados médicos emitidos por instituciones de salud públicas distintas a las antes mencionadas, pues no cuentan con comisiones médicas debidamente conformadas, lo cual no resulta ser una mera formalidad, pues conlleva la implementación de los equipos médicos necesarios para la determinación de la enfermedad (exámenes de ayuda al diagnóstico), así como la asignación de profesionales de salud especializados en las patologías más recurrentes (neumoconiosis e hipoacusia) y en medicina ocupacional, para efectos de la identificación de los orígenes laborales de las enfermedades diagnosticadas.

La convalidación de un certificado emitido deficientemente genera, además, un incentivo perverso para el “diagnóstico” ligero de enfermedades profesionales y el otorgamiento de pensiones de invalidez sin la certeza sobre el real estado de salud del demandante.

Por tanto, considero que corresponde declarar IMPROCEDENTE la demanda, en aplicación del artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, pues se trata de un asunto que debe dilucidarse en otro proceso que cuente con etapa probatoria.

Sin perjuicio de ello, y en la medida que existan casos particulares que requieran una tutela urgente ―como podrían ser aquellos supuestos de personas de avanzada edad―, estimo que el magistrado ponente puede ordenar la realización de un examen médico en las instituciones autorizadas para tal fin.

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