No toda diferenciación remunerativa constituye un acto de discriminación, siempre que sea por causa objetiva y razonable ▎ CASACIÓN LABORAL N° 20121-2016

Lima, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete

VISTA; la causa número veinte mil cientos veintiuno, guion dos mil dieciséis,
guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia.

MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada,
Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito de fecha seis de enero de dos
mil dieciséis, que corre en fojas mil cuatrocientos treinta y siete a mil
cuatrocientos sesenta y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis
de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas mil trescientos veintidós a
mil trescientos treinta, que confirmó la Sentencia de primera instancia de
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil
sesenta a mil setenta y cuatro, que declaró fundada la demanda; en el
proceso seguido por el demandante, Miguel Ángel Li Cruz Ku, sobre
homologación de remuneraciones.
CAUSALES DEL RECURSO:
La parte recurrente invocando los incisos c) y d) del artículo 56° de la Ley
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley
N° 27021, denuncia como causales de su recurso las siguientes:

i) Inaplicación del numeral i) del literal a) del artículo 7°                                                                                                                           del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
ii) Inaplicación del numeral 1) del artículo 1° del Co nvenio N° 111 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
iii) Contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte
Suprema en procesos objetivamente similares, recaídas en las
Casaciones Nos 8801-2014 Lima; 2080-2014 Lima; 601-2006 Del
Santa; 16061-2013 Lima; 17623-2013 Lima; 11825-2014 Lima;
13598- 2013 Lima; 16927-2013 Lima; 12312-2013 Lima; 1277-2007
Lima.
iv) Infracción normativa por afectación al debido proceso y tutela
jurisdiccional efectiva prevista en los incisos 3) y 5) del artículo
139° de la Constitución Política del Perú.

CONSIDERANDO:

Primero. – En principio, resulta pertinente señalar que el recurso de casación
es un medio impugnatorio eminentemente formal y que procede solo por las
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley
Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las
mismas que son: a) la aplicación indebida de una norma de derecho material;
b) la interpretación errónea de una norma de derecho material; c) la
inaplicación de una norma de derecho material; y d) la contradicción con otras
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes
Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.

Segundo. – En el caso de autos, se aprecia que el recurso de casación reúne
los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo 57° de
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la
Ley N° 27021.

Tercero. – Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley
N° 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y
precisión las causales descritas en su artículo 56°, y según el caso
sustente:
a) qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse;
b) cuál es la correcta interpretación de la norma; c) cuál es la norma inaplicada y
por qué debió aplicarse; y d) cuál es la similitud existente entre los
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo este
Colegiado Casatorio calificar estos requisitos y, si los encuentra conformes,
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que
no se cumpla con alguno de estos requisitos lo declarará improcedente.
Cuarto.- Entrando al análisis de las causales invocadas tenemos que la inaplicación de
una norma de derecho material es denominada por la doctrina como error normativo de
percepción, ocurre cuando el órgano jurisdiccional no logra identificar la norma
pertinente para resolver el caso que está analizando, razón por la cual no la aplica1; en
efecto, esta causal está vinculada a la omisión por parte del juzgador en cuanto al empleo
o utilización de un determinado enunciado normativo que de manera inequívoca regula
el supuesto fáctico acaecido objeto del litigio, generando consecuencias jurídicas
distintas a las atribuidas por el órgano jurisdiccional, por tanto, necesariamente reclama
su aplicación dando lugar a la variación o modificación en el sentido de la decisión
impugnada.
En tal sentido, el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal
del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, prevé que el
recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad y precisión
señalando cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, de donde se
desprende que no resulta suficiente con citar la norma, sino que, además, se
debe fundamentar adecuadamente cómo su aplicación cambiaría el resultado
del juzgamiento.

Respecto a la causal contenida en el acápite i) se advierte que la recurrente

no ha cumplido con fundamentar con claridad y precisión por qué considera
que la norma denunciada resultaría aplicable al caso de autos, pues, se limita
a formular argumentaciones genéricas, incidiendo en cuestionamientos
fácticos y pretendiendo que este Colegiado Supremo efectúe una nueva
valoración de los medios probatorios aportados en el trámite del proceso; lo
cual no constituye objeto de debate casatorio ni se condice con los fines de
este recurso extraordinario, contraviniendo la exigencia prevista en el inciso c)
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por
el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la cual deviene en improcedente.
Quinto.- En cuanto a la causal contenida en el acápite ii) denunciada como
inaplicación del numeral 1) del artículo 1° del Con venio N° 111 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la impugnante al sustentarla
refiere que «(…) la Sala omitido analizar la existencia de discriminación (…) a
fin de determinar si efectivamente nos encontramos frente a un
supuesto de discriminación o si por el contrario, nos encontramos ante
una diferenciación basada en una justificación objetiva y razonable». De
donde se advierte que ha cumplido con fundamentar adecuadamente la
causal invocada, precisando el por qué considera que dicha norma resultaría
determinante para la solución de la presente controversia; razón por la cual
deviene en procedente.
Sexto.- En relación a la causal contenida en el acápite iii), referida a la
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de
Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente
similares prevista en el inciso d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley
Procesal del Trabajo, modificado por la Ley N° 27021, tenemos que dicha
causal requiere que el impugnante señale con claridad y precisión la similitud
en los pronunciamientos invocados; así como que desarrolle en qué consiste
la contradicción entre los mismos; además de que la alegada contradicción
debe encontrarse referida a la aplicación indebida, interpretación errónea o
inaplicación de normas de derecho material, conforme a lo dispuesto por el
inciso d) del artículo 56° de la referida Ley Adjetiva.

En el caso de autos la recurrente sostiene que existiría contradicción con los
pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema en las Casaciones Nos.
2080- 2014 LIMA, 8801-2014 LIMA, 601-2006 DEL SANTA, 16061-2013
LIMA, 16927-
2013 LIMA y 12312-2013 LIMA; sin embargo, no cumple con determinar sobre
qué causal se encuentra referida la alegada contradicción; limitándose a
señalar de forma genérica que se cumple con tal exigencia; razón por la cual
la causal invocada deviene en improcedente.

Sétimo.- Respecto a la causal contenida en el acápite iv) denunciada como
infracción normativa por afectación al debido proceso y tutela jurisdiccional
efectiva prevista en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución
Política del Perú, se advierte que no se encuentra prevista en el artículo 56°
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifica do por el artículo 1° de
la Ley N° 27021, el cual señala taxativamente como causales del recurso de
casación la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una
norma de derecho material; no encontrándose contemplada la afectación a las
normas de carácter adjetivo o procesal; razón por la cual deviene en
improcedente.
Octavo. – Trámite del proceso

a) Demanda
Mediante escrito de demanda de fecha veintisiete de febrero de dos mil
doce, que corre en fojas sesenta y tres a setenta y ocho, el accionante
solicita el pago de ciento sesenta y seis mil diez con 89/100 Nuevos Soles
(S/.166,010.89) por homologación de remuneraciones y beneficios
sociales, que comprende la remuneración, Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) y participación en utilidades, por el período comprendido
entre el uno de agosto de dos mil cinco hasta el veintinueve de febrero de
dos mil ocho.

b) Pronunciamiento en primera instancia
La Jueza del Décimo Sexto Juzgado Especializado de Trabajo
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Sentencia contenida en la resolución de fecha treinta y uno de diciembre
de dos mil catorce, que corre en fojas mil sesenta a mil setenta y cuatro,
declaró fundada la demanda, ordenando el pago de ciento cincuenta y dos
mil ciento cuarenta y nueve con 44/100 Nuevos Soles (S/.152,149.44),
más intereses legales y financieros, con costas y costos; tras considerar
que la parte demandada no ha cumplido con acreditar cuáles son las
circunstancias variables y características que objetivamente incidieron y
determinaron el establecimiento de un menor o mayor sueldo de sus
trabajadores dentro de cada una de las categorías. Por otra parte, la
emplazada no ha demostrado cuáles son las circunstancias que
conllevaron al trato remunerativo diferenciado, habiendo omitido adjuntar
medios probatorios a efectos de acreditar sus alegaciones; por lo que al
tener el demandante el cargo de supervisor le corresponde la misma
remuneración básica que tienen los homólogos.
c) Pronunciamiento en segunda instancia
Por su parte, el Colegiado de la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior
de Justicia de Lima, mediante Sentencia de Vista de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil quince, que corre en fojas mil trescientos veintidós a
mil trescientos treinta, confirmó la Sentencia apelada, que declaró fundada
la demanda; sustentando básicamente que de la revisión del informe
revisorio se aprecia que el demandante desde el dos mil cinco, fecha
desde la cual solicita la homologación, ostentaba el mismo cargo que el de
los trabajadores propuestos, esto es la de Supervisor en el grupo laboral
de Ejecutivo; asimismo tanto este como los homólogos provenían de Entel
Perú
S.A. Por otro lado, desde agosto de dos mil cinco hasta mayo de dos mil
seis, tanto el actor como los homólogos se desempeñaron en la Gerencia
de Operaciones y Mantenimiento de Redes, y desde junio de dos mil seis                                                                              hasta febrero de dos mil ocho (fecha de cese del actor) en la Dirección
Gestión de Red.
Noveno. – Causal objeto de pronunciamiento
Corresponde a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre la
denuncia declarada procedente, referida a la inaplicación del numeral 1) del
artículo 1° del Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) a efectos de determinar si en el caso concreto el Colegiado Superior ha
incurrido en una inaplicación de dicho dispositivo legal.

Décimo. – El numeral 1) del artículo 1° del Convenio N° 111 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone lo siguiente:
« 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación;
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros
organismos apropiados».

Décimo Primero. – Consideraciones previas
En principio, debemos decir que el derecho fundamental a la igualdad
reconocido en el numeral 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú
implica que todas las personas deben ser tratadas de forma igual ante el
Estado; en consecuencia, todo trato o comportamiento tendiente a establecer
una diferenciación se encuentra prohibido, puesto que se estaría incurriendo
en un trato manifiestamente discriminatorio. La discriminación puede ser
entendida como todo aquel proceder que implique una diferenciación entre

personas que se encuentren en iguales condiciones, sin causa objetiva o
razonable para ello, y que constituya una afectación al ejercicio de sus
derechos fundamentales.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en los
Expedientes Nos. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados) del
veintinueve de agosto de dos mil siete, en su fundamento veinte, establece
que:
«(…) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un
principio rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho
y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda
desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se
proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos
fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual
carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del
principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se
vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre
que se realice sobre bases objetivas y razonables».
Décimo Segundo.- Dentro del ámbito laboral, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada por Resolución Legislativa N° 13282, publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el veinticuatro de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, prescribe que no pueden establecerse tratos
desiguales entre trabajadores que se encuentren en idénticas condiciones
laborales, por razones de sexo, religión, raza, nacionalidad, edad, estado civil
o por cualquier otro motivo de carácter reprochable.

Décimo Tercero.- En relación a la causal por la cual se declaró procedente el
recurso se tiene que el Convenio N° 111 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre discriminación en materia de empleo y ocupación,
aprobado por el Perú mediante Decreto Ley N° 17687 publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el siete de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

ratificado el diez de agosto de mil novecientos setenta, en su artículo 1°
establece una definición amplia de discriminación, señalando que se entiende
como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación. No obstante, lo antes indicado, en su artículo 5°
considera como no discriminatorias las medidas especiales que se dicten para
satisfacer las necesidades particulares de las personas a los que, por razones
de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o nivel social o cultural,
generalmente se les reconozca como necesitados de protección o asistencia
especial.
Décimo Cuarto. – Sobre este punto, MORGADO nos hace las precisiones
siguientes:
«(…) no toda diferenciación es discriminatoria: solo tienen tal carácter las que
“colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el
conjunto”, siempre que ellas no tengan una razón válida o legítima. En
consecuencia, hay diferenciaciones no discriminatorias, sea porque no
colocan al trabajador en una posición inferior o más desfavorable, como es el
caso de las llamadas discriminaciones o acciones positivas, o tienen una
razón válida o legítima, como es el caso de las que se basan en criterios de
idoneidad profesional, por ejemplo.

Teniendo presente estos criterios creo conveniente destacar que discriminar
comprende dos conceptos cercanos, pero no sinónimos: de una parte,
significa reconocer la existencia de diferencias, y de otra parte equivale a
constituir diferencias. En el primer caso se reconoce algo existente que
permite ser distinguido como separado de lo general; en el segundo caso se
crea una diferenciación que no existe, dividiendo lo que inicialmente es único.
En otros términos, al discriminar se discierne reconociendo como separado o
diferente lo que ya tiene esa naturaleza, o se separa y diferencia lo que en
esencia no tiene tal carácter.

ratificado el diez de agosto de mil novecientos setenta, en su artículo 1°
establece una definición amplia de discriminación, señalando que se entiende
como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación. No obstante, lo antes indicado, en su artículo 5°
considera como no discriminatorias las medidas especiales que se dicten para
satisfacer las necesidades particulares de las personas a los que, por razones
de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o nivel social o cultural,
generalmente se les reconozca como necesitados de protección o asistencia
especial.
Décimo Cuarto. – Sobre este punto, MORGADO nos hace las precisiones
siguientes:
«(…) no toda diferenciación es discriminatoria: solo tienen tal carácter las que
“colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el
conjunto”, siempre que ellas no tengan una razón válida o legítima. En
consecuencia, hay diferenciaciones no discriminatorias, sea porque no
colocan al trabajador en una posición inferior o más desfavorable, como es el
caso de las llamadas discriminaciones o acciones positivas, o tienen una
razón válida o legítima, como es el caso de las que se basan en criterios de
idoneidad profesional, por ejemplo.

Teniendo presente estos criterios creo conveniente destacar que discriminar
comprende dos conceptos cercanos, pero no sinónimos: de una parte,
significa reconocer la existencia de diferencias, y de otra parte equivale a
constituir diferencias. En el primer caso se reconoce algo existente que
permite ser distinguido como separado de lo general; en el segundo caso se
crea una diferenciación que no existe, dividiendo lo que inicialmente es único.
En otros términos, al discriminar se discierne reconociendo como separado o
diferente lo que ya tiene esa naturaleza, o se separa y diferencia lo que en
esencia no tiene tal carácter.

ratificado el diez de agosto de mil novecientos setenta, en su artículo 1°
establece una definición amplia de discriminación, señalando que se entiende
como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación. No obstante, lo antes indicado, en su artículo 5°
considera como no discriminatorias las medidas especiales que se dicten para
satisfacer las necesidades particulares de las personas a los que, por razones
de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o nivel social o cultural,
generalmente se les reconozca como necesitados de protección o asistencia
especial.
Décimo Cuarto. – Sobre este punto, MORGADO nos hace las precisiones
siguientes:
«(…) no toda diferenciación es discriminatoria: solo tienen tal carácter las que
“colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el
conjunto”, siempre que ellas no tengan una razón válida o legítima. En
consecuencia, hay diferenciaciones no discriminatorias, sea porque no
colocan al trabajador en una posición inferior o más desfavorable, como es el
caso de las llamadas discriminaciones o acciones positivas, o tienen una
razón válida o legítima, como es el caso de las que se basan en criterios de
idoneidad profesional, por ejemplo.

Teniendo presente estos criterios creo conveniente destacar que discriminar
comprende dos conceptos cercanos, pero no sinónimos: de una parte,
significa reconocer la existencia de diferencias, y de otra parte equivale a
constituir diferencias. En el primer caso se reconoce algo existente que
permite ser distinguido como separado de lo general; en el segundo caso se
crea una diferenciación que no existe, dividiendo lo que inicialmente es único.
En otros términos, al discriminar se discierne reconociendo como separado o
diferente lo que ya tiene esa naturaleza, o se separa y diferencia lo que en
esencia no tiene tal carácter.

ratificado el diez de agosto de mil novecientos setenta, en su artículo 1°
establece una definición amplia de discriminación, señalando que se entiende
como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación. No obstante, lo antes indicado, en su artículo 5°
considera como no discriminatorias las medidas especiales que se dicten para
satisfacer las necesidades particulares de las personas a los que, por razones
de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o nivel social o cultural,
generalmente se les reconozca como necesitados de protección o asistencia
especial.
Décimo Cuarto. – Sobre este punto, MORGADO nos hace las precisiones
siguientes:
«(…) no toda diferenciación es discriminatoria: solo tienen tal carácter las que
“colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el
conjunto”, siempre que ellas no tengan una razón válida o legítima. En
consecuencia, hay diferenciaciones no discriminatorias, sea porque no
colocan al trabajador en una posición inferior o más desfavorable, como es el
caso de las llamadas discriminaciones o acciones positivas, o tienen una
razón válida o legítima, como es el caso de las que se basan en criterios de
idoneidad profesional, por ejemplo.

Teniendo presente estos criterios creo conveniente destacar que discriminar
comprende dos conceptos cercanos, pero no sinónimos: de una parte,
significa reconocer la existencia de diferencias, y de otra parte equivale a
constituir diferencias. En el primer caso se reconoce algo existente que
permite ser distinguido como separado de lo general; en el segundo caso se
crea una diferenciación que no existe, dividiendo lo que inicialmente es único.
En otros términos, al discriminar se discierne reconociendo como separado o
diferente lo que ya tiene esa naturaleza, o se separa y diferencia lo que en
esencia no tiene tal carácter.

ratificado el diez de agosto de mil novecientos setenta, en su artículo 1°
establece una definición amplia de discriminación, señalando que se entiende
como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación. No obstante, lo antes indicado, en su artículo 5°
considera como no discriminatorias las medidas especiales que se dicten para
satisfacer las necesidades particulares de las personas a los que, por razones
de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o nivel social o cultural,
generalmente se les reconozca como necesitados de protección o asistencia
especial.
Décimo Cuarto. – Sobre este punto, MORGADO nos hace las precisiones
siguientes:
«(…) no toda diferenciación es discriminatoria: solo tienen tal carácter las que
“colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el
conjunto”, siempre que ellas no tengan una razón válida o legítima. En
consecuencia, hay diferenciaciones no discriminatorias, sea porque no
colocan al trabajador en una posición inferior o más desfavorable, como es el
caso de las llamadas discriminaciones o acciones positivas, o tienen una
razón válida o legítima, como es el caso de las que se basan en criterios de
idoneidad profesional, por ejemplo.

Teniendo presente estos criterios creo conveniente destacar que discriminar
comprende dos conceptos cercanos, pero no sinónimos: de una parte,
significa reconocer la existencia de diferencias, y de otra parte equivale a
constituir diferencias. En el primer caso se reconoce algo existente que
permite ser distinguido como separado de lo general; en el segundo caso se
crea una diferenciación que no existe, dividiendo lo que inicialmente es único.
En otros términos, al discriminar se discierne reconociendo como separado o
diferente lo que ya tiene esa naturaleza, o se separa y diferencia lo que en
esencia no tiene tal carácter.

ratificado el diez de agosto de mil novecientos setenta, en su artículo 1°
establece una definición amplia de discriminación, señalando que se entiende
como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación. No obstante, lo antes indicado, en su artículo 5°
considera como no discriminatorias las medidas especiales que se dicten para
satisfacer las necesidades particulares de las personas a los que, por razones
de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o nivel social o cultural,
generalmente se les reconozca como necesitados de protección o asistencia
especial.
Décimo Cuarto. – Sobre este punto, MORGADO nos hace las precisiones
siguientes:
«(…) no toda diferenciación es discriminatoria: solo tienen tal carácter las que
“colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el
conjunto”, siempre que ellas no tengan una razón válida o legítima. En
consecuencia, hay diferenciaciones no discriminatorias, sea porque no
colocan al trabajador en una posición inferior o más desfavorable, como es el
caso de las llamadas discriminaciones o acciones positivas, o tienen una
razón válida o legítima, como es el caso de las que se basan en criterios de
idoneidad profesional, por ejemplo.

Teniendo presente estos criterios creo conveniente destacar que discriminar
comprende dos conceptos cercanos, pero no sinónimos: de una parte,
significa reconocer la existencia de diferencias, y de otra parte equivale a
constituir diferencias. En el primer caso se reconoce algo existente que
permite ser distinguido como separado de lo general; en el segundo caso se
crea una diferenciación que no existe, dividiendo lo que inicialmente es único.
En otros términos, al discriminar se discierne reconociendo como separado o
diferente lo que ya tiene esa naturaleza, o se separa y diferencia lo que en
esencia no tiene tal carácter.

En ambos casos se presenta un trato diferenciado de las situaciones
preexistentes o creadas. Tal trato puede conducir al establecimiento de
ventajas o desventajas que favorecen o perjudican a los sujetos de esas
situaciones. En ocasiones ese trato puede obedecer a prejuicios en la
constatación de los elementos que caracterizan a cada situación diferente»2.
Décimo Quinto. – Al respecto, este Colegiado Supremo considera que no todo
comportamiento que establezca una distinción constituye un acto
discriminatorio y vulnera el derecho a la igualdad, pues, se debe tener
presente que dentro de nuestra sociedad existe una serie de desigualdades,
para las cuales se deben tomar un conjunto de medidas dirigidas a efectivizar
la aplicación de dicho derecho, impidiendo que se limite solo a su
reconocimiento formal, sino que, llevado al campo fáctico, este se materialice
en una igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas.

De lo expuesto, podemos afirmar válidamente que los principios de igualdad y
de no discriminación no constituyen una facultad de las personas para exigir
un trato igual a todos los demás en cualquier situación, sino que dichos
derechos se encuentran orientados a exigir un comportamiento y trato igual
entre sujetos que se encuentren en la misma condición; por lo tanto, un
comportamiento será calificado como discriminatorio, y por ende, vulnerará el
derecho a la igualdad tutelado por el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución
Política del Perú, cuando establezca una diferenciación entre personas que se
encuentren en idéntica situación, siempre que no medie causa objetiva y
razonable para ello.

Décimo Sexto. – Solución al caso concreto
La empresa impugnante refiere en su recurso de casación que la
diferenciación existente entre el actor y el homólogo propuesto se encuentra
sustentada en elementos objetivos y razonables, pues, ambos trabajadores
han mantenido una trayectoria laboral distinta, lo que conlleva a la existencia

de una diferenciación remunerativa.

Décimo Sétimo. – En el caso de autos, del Informe Revisorio N° 051-2 013-
PJ- 6JTL-LRZ de fecha veinte de agosto de dos mil trece, que corre en fojas
setecientos cincuenta y tres a setecientos sesenta y tres, figura la trayectoria
laboral del demandante y de sus homólogos propuestos los señores Rubén
Richarte Cortez y César Roberto Mercado Gálvez, donde se advierte que
existe una diferenciación objetiva respecto de su progresión en la carrera
dentro de la
empresa emplazada; tal es así que los homólogos se han desempeñado desde
mil novecientos noventa y nueve como Supervisores (fecha en que fueron
nombrados en dicho cargo); sin embargo, el demandante fue nombrado como
supervisor recién en el dos mil cinco; por lo que la diferencia laboral existente
entre el actor y los homólogos propuestos se basan en la trayectoria laboral pues
como se advierte los homólogos tienen mayor experiencia laboral en el cargo de
supervisor que el demandante, lo que significa una remuneración diferenciada
que no puede considerarse discriminatoria, por estar basada en factores objetivos
diferentes demostrados en el proceso y que no han sido desvirtuados por la parte
actora.

Décimo Noveno.- En ese sentido, el Colegiado Superior al emitir
pronunciamiento disponiendo el pago de ciento cincuenta y dos mil ciento
cuarenta y nueve con 44/100 Nuevos Soles (S/.152,149.44) por concepto de
reintegro de remuneraciones, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y
utilidades en base a la existencia de una supuesta discriminación salarial no
se encuentra arreglada a derecho, pues, conforme se ha evidenciado en los
considerandos precedentes existe una disimilitud en la trayectoria laboral del
actor y de sus homólogos propuestos, la cual constituye una causa objetiva
para la existencia de una diferenciación remunerativa; razón por la que la
causal por la cual se declaró procedente el recurso deviene en fundada.

Por las consideraciones expuestas:

FALLO

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el abogado de
la empresa demandada, Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito de
fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas mil cuatrocientos
treinta y siete a mil cuatrocientos sesenta y cinco; en consecuencia,
CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha
dieciséis de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas mil trescientos
veintidós a mil trescientos treinta; y actuando en sede de instancia
REVOCARON la Sentencia emitida en primera instancia contenida en la
resolución de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que corre
en fojas mil sesenta a mil setenta y cuatro, que declaró fundada la demanda;
REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA; DISPUSIERON la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en
el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Miguel Ángel Li
Cruz Ku, sobre homologación de remuneraciones; interviniendo como
ponente, el señor juez supremo Yrivarren Fallaque; y los devolvieron.

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¿Es válido denegar la licencia por maternidad siendo evidente el avanzado embarazo? ▎Exp. 4154-2016-AA
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Juez supremo provisional es cesado de la encargatura «por la presunta comisión de ilícitos penales derivados del proceso judicial de acción de amparo seguido por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú contra el Poder Judicial» ▎ RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000237-2020-P-PJ

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