Disponen convocatoria y orden para la designación de jueces supernumerarios | Resolución Administrativa 000020-2025-CE-PJ

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de la Resolución Administrativa N° 000020-2025-CE-PJ, publicada hoy, 28 de enero de 2025, en el Diario Oficial El Peruano, ha establecido dos disposiciones fundamentales para la designación de jueces supernumerarios en las Cortes Superiores de Justicia del país.
En primer lugar, se ha dispuesto que las Cortes Superiores de Justicia procedan a la convocatoria de los Concursos de Selección de Jueces Supernumerarios en su respectiva jurisdicción, así como a la culminación en el más breve plazo de los concursos que ya han sido iniciados. En aquellos casos en los que sea necesario, deberán realizarse nuevos concursos de selección.
En segundo lugar, la Resolución establece el orden prioritario a seguir cuando se requiera la designación de un juez o una jueza en calidad de supernumerario:
a) En primer término, se designará al juez o jueza titular del grado inmediato anterior como provisional. b) En caso de no contar con jueces titulares en el grado correspondiente, se procederá a convocar a un juez o jueza supernumerario de la lista de aptos elaborada por la Junta Nacional de Justicia. c) Si no se dispone de jueces supernumerarios en la mencionada lista, se recurrirá a los abogados y abogadas inscritos en la Nómina de Abogados Aptos para el desempeño de funciones como jueces supernumerarios en la Corte Superior respectiva. d) Finalmente, en caso de no contar con los perfiles requeridos en los puntos anteriores, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2025 la delegación de facultades a las presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país, para designar a trabajadores/as de su Distrito Judicial o de otros Distritos Judiciales, como jueces/as supernumerarios/as. Esta delegación se llevará a cabo siempre y cuando los designados cumplan con los requisitos establecidos por la ley, no presenten incompatibilidades y sean los más idóneos para el cargo.
Estas medidas buscan asegurar la continuidad de la administración de justicia en las Cortes Superiores de Justicia, especialmente en aquellos juzgados que carecen de jueces titulares, y garantizar que los usuarios del sistema de justicia no se vean afectados por la falta de personal judicial.