Trabajadores judiciales también votarían para elegir al presidente de corte

El proyecto de Ley 9776/2024-CR, presentado por el congresista Waldemar Cerrón Rojas, tiene como objetivo reformar el sistema de elección de los presidentes de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores a nivel nacional, con el fin de democratizar dicho proceso y permitir la participación activa de todos los jueces titulares y el personal jurisdiccional de las respectivas jurisdicciones.

La propuesta establece que el presidente del Poder Judicial sea elegido por todos los jueces superiores a nivel nacional, buscando una mayor representatividad y transparencia en la selección de estas autoridades. De igual manera, en lo que respecta a la elección de los presidentes de corte, se propone que dicha elección sea realizada por todos los jueces y todos los servidores públicos estables o con contrato a plazo indeterminado dentro de la jurisdicción de cada Corte Superior respectiva.

El proyecto de ley se fundamenta en la necesidad de democratizar el proceso de selección de los futuros presidentes del Poder Judicial, con el objetivo de incrementar la representatividad tanto interna como externa de la institución. El Poder Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, requiere un sistema que refleje la diversidad y las realidades de sus miembros, lo que contribuiría a descentralizar la concentración del poder en manos de unos pocos, evitando así la insatisfacción generada por la falta de representación genuina.

Asimismo, el proyecto señala que se busca garantizar que las autoridades electas trabajen con un plan claro y transparente, libre de influencias o manipulaciones políticas. En la actualidad, el proceso de elección de estas autoridades se lleva a cabo dentro de un círculo cerrado compuesto exclusivamente por jueces supremos, lo que limita la transparencia y restringe la participación de otros actores relevantes dentro del Poder Judicial. Este sistema cerrado contrasta con los principios fundamentales de un sistema judicial independiente, donde la legitimidad y la representatividad son esenciales para mantener la confianza pública en la justicia, promoviendo una justicia más equitativa y libre de sesgos.