Se publicó el Plan de Descarga Procesal que permitirá contar con los recursos humanos calificados necesarios para mejorar la producción de las salas de la Corte Suprema de Justicia.
El documento, que se aprobó mediante la Resolución Administrativa N° 0112-2022-CE-PJ, indica que se busca fortalecer la celeridad de la administración de justicia en beneficio de la sociedad mediante la pronta resolución de los expedientes judiciales.
Calidad
Otro de los objetivos del plan es impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad al identificar tempranamente aquellos expedientes cuya tramitación se pueda optimizar y efectivizar.
A la par, propone fortalecer los órganos jurisdiccionales y superar la producción de la Corte Suprema de Justicia que alcanzó en el 2021. Para tal fin, se modernizará la tramitación de los expedientes con un enfoque orientado a resultados.
Al ser un proyecto que involucra a los jueces supremos y trabajadores jurisdiccionales de la Corte Suprema y con la finalidad de superar la producción del 2021 se requiere la involucración directa de la presidenta del Poder Judicial y de los titulares de las salas jurisdiccionales de la Corte Suprema, agrega.
Asimismo, como parte del proyecto se efectuó una consolidación y actualización de los recursos humanos con que cuenta cada sala suprema, así como de las buenas prácticas efectuadas en cada una para repetirlas.
De igual manera, en atención a los saldos presupuestales que quedarían para este año, se proyectó una estimación de la cantidad de recursos humanos que se contratará, el perfil y temporalidad.
“En resumen, el proyecto contiene lo siguiente: identificación de necesidades, asunción de compromisos, contratación del personal, seguimiento y monitoreo”, precisa el documento.
El plan consigna que la problemática sobre la excesiva carga procesal en la Corte Suprema se desbordó principalmente por las disposiciones emitidas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del covid-19.
En esta situación se incluye la suspensión de labores, modificación del horario de trabajo y el recorte de personal considerado dentro del grupo de riesgo, lo cual generó un incremento de los procesos en las cortes superiores, sumado a los pendientes de resolver de años anteriores y la carencia de recursos tecnológicos para un efectivo trabajo remoto.
Respecto al factor humano, recuerda que el sector público en el 2021 se vio impedido de efectuar nuevas contrataciones bajo la modalidad de CAS, lo que afectó de manera considerable la posibilidad de poder reforzar las distintas áreas jurisdiccionales con nuevo personal, pese a que aumentó la carga procesal.
Metodologías
Frente a este panorama, se propone ejecutar metodologías innovadoras como la precalificación de expedientes (verificación de la tasa, entre otras); la conformación de equipos de descarga penal en las relatorías de las salas supremas en todas las especialidades, en coordinación con los despachos supremos; y la dotación de secretarios de confianza para alcanzar una óptima productividad en los despachos judiciales.
Falta de equidad
El problema de la carga procesal se acrecienta por la falta de equidad en la distribución de personal asignado a las salas supremas, no obstante que, en algunos casos, comparten la misma competencia jurisdiccional, lo que determina que el resultado de la producción sea distante, revela el plan.
“Por ejemplo, la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, cuya materia está circunscrita únicamente a lo laboral y previsional, obtuvo en el 2021 el doble de la producción que la Tercera Sala Constitucional y Social Transitoria, pese a que comparten las mismas materias, y cuya única diferencia es la cantidad de personal asignado a la corte suprema, brecha que es necesario igualar”, anota.
En la actualidad, indica, las áreas de relatorías y secretarías aumentaron el ingreso de expedientes debido a que en el 2020 y el 2021 estos no se consignaron en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) por la falta de recursos humanos.