La otra cara de la moneda: trabajadores del Poder Judicial no son considerados en el dictamen de la Ley de Presupuesto para mejoras remunerativas

En un contexto de creciente desigualdad en el ámbito laboral, los trabajadores del Poder Judicial se enfrentan a una situación de precarización que refleja una desatención crónica hacia su bienestar. Mientras que la Ley Nº 32164, recientemente aprobada, ha dispuesto un aumento salarial para los jueces de paz letrados, especializados y superiores titulares, los trabajadores jurisdiccionales de diversos regímenes laborales han quedado excluidos de estas mejoras. Esta omisión en el dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso subraya la disparidad de trato y la vulneración de derechos laborales que afecta a una gran parte del personal judicial que, a pesar de desempeñar tareas cruciales para el funcionamiento del sistema judicial, sigue siendo relegado.

Los trabajadores jurisdiccionales del Poder Judicial, aunque menos visibles que los jueces, son fundamentales para el adecuado funcionamiento del sistema judicial. Realizan labores que van desde la tramitación de expedientes hasta el apoyo administrativo y logístico, pasando por la atención al público y la gestión de casos. No obstante, a pesar de su rol indispensable, muchas veces son sometidos a condiciones de trabajo muy difíciles: sobrecarga de tareas, ambientes de trabajo deficientes, falta de recursos y, en muchos casos, la ausencia de una remuneración acorde con la responsabilidad que asumen.

Los contratos temporales y la inestabilidad laboral son características comunes de muchos de estos trabajadores, lo que agrava aún más su situación. Además, la escasa capacitación y la falta de oportunidades de ascenso en sus carreras laborales contribuyen a que su labor sea invisibilizada y menospreciada dentro del sistema judicial. Mientras los jueces reciben incrementos salariales y mejoras en sus condiciones laborales, los trabajadores jurisdiccionales siguen enfrentando jornadas laborales extensas, salarios bajos y una total ausencia de mecanismos que garanticen su estabilidad y bienestar.

La reciente aprobación del aumento salarial para los jueces, sin incluir a los trabajadores jurisdiccionales, pone de manifiesto la falta de consideración por parte de las autoridades legislativas hacia la totalidad de los actores involucrados en el sistema judicial.

El hecho de que los trabajadores jurisdiccionales hayan quedado fuera del dictamen muestra cómo sus demandas por mejores condiciones salariales y laborales han sido sistemáticamente desestimadas. Esto no solo es injusto, sino que refleja una visión sesgada que prioriza a ciertos sectores del sistema judicial mientras se mantiene al resto del personal en una situación de precariedad laboral.

El trabajo de los servidores jurisdiccionales debe ser reconocido de manera integral. Esto implica no solo un aumento salarial justo y equitativo, sino también la implementación de políticas que garanticen la estabilidad laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y la oportunidad de desarrollo profesional. Es fundamental que el Poder Judicial y el Congreso de la República reconozcan que, sin el trabajo de los trabajadores jurisdiccionales, el sistema judicial no podría funcionar de manera eficiente ni justa.