Descontento de los trabajadores judiciales con la autógrafa de la Ley de Presupuesto 2025

En los últimos días, una creciente preocupación ha marcado el ambiente laboral en el Poder Judicial del Perú, especialmente entre los trabajadores jurisdiccionales. La reciente promulgación de la autógrafa de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2025 ha generado un fuerte descontento debido a la omisión de puntos clave que afectan directamente a este sector. Entre las principales demandas no atendidas se encuentran la aprobación del cuarto tramo de la escala remunerativa y la homologación de los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dos cuestiones cruciales para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores judiciales.

El rechazo a la Ley de Presupuesto: Un símbolo de desigualdad

El malestar de los trabajadores del Poder Judicial se origina principalmente en la falta de incrementos salariales para un sector de empleados que, a pesar de su sacrificio y dedicación, siguen con sueldos estancados en niveles insuficientes. La escala remunerativa dentro del Poder Judicial ha sido un tema recurrente de debate, y uno de los puntos más críticos es la ausencia de una progresión en los tramos salariales. El cuarto tramo, aún sin aprobación, es esencial para corregir las disparidades salariales en la institución y garantizar una remuneración justa para aquellos que cumplen funciones esenciales en la administración de justicia. Este incremento ha sido una solicitud constante de los trabajadores.

Por otro lado, los trabajadores CAS, que constituyen una gran parte de la fuerza laboral del Poder Judicial, continúan en una situación precaria. A pesar de su dedicación, no se les otorgan los mismos beneficios laborales que a los trabajadores nombrados. La homologación de estos empleados con sus colegas nombrados es una de las principales demandas, ya que se busca un trato más justo y equitativo. Los trabajadores CAS realizan las mismas funciones, pero enfrentan desventajas laborales significativas, como sueldos bajos y falta de estabilidad. La omisión de estas demandas en el presupuesto refleja una desconexión con las realidades laborales que enfrentan miles de trabajadores del sector.

Desigualdad en la distribución de los recursos: aumento para los jueces, pero no para los trabajadores

Otro motivo de inconformidad ha sido la desigualdad en los aumentos salariales. Mientras que los jueces han recibido incrementos sustanciales en sus remuneraciones, los trabajadores jurisdiccionales, quienes realizan tareas fundamentales en el proceso judicial, no han visto ningún tipo de ajuste salarial. Esta disparidad se percibe como aún más injusta cuando se considera que los trabajadores del Poder Judicial desempeñan su labor en condiciones precarias, a menudo sin los recursos adecuados para cumplir con sus funciones. Los jueces, aunque cumplen un rol esencial, no pueden ser la única prioridad en términos de bienestar dentro del Poder Judicial. Secretarios, asistentes, personal administrativo y trabajadores CAS también tienen funciones cruciales, desempeñadas muchas veces en condiciones difíciles y con cargas de trabajo excesivas, pero sus esfuerzos no son reconocidos de manera proporcional.

El rol del Presidente del Poder Judicial: ¿una defensa inadecuada?

La situación se ve aún más agravada por la actuación del Presidente del Poder Judicial, quien, según los trabajadores, ha adoptado una posición tímida y poco firme frente a sus justos reclamos. En un escenario donde los trabajadores jurisdiccionales buscan ser escuchados y tratados con equidad, la falta de una actuación enérgica por parte del Presidente ha sido un factor determinante en la frustración de los empleados. Muchos consideran que la defensa de sus derechos durante la sustentación del presupuesto ante el Congreso fue insuficiente y que el Presidente no mostró el liderazgo necesario para asegurar que las demandas salariales fueran incluidas en la Ley de Presupuesto.

La defensa activa y comprometida de los derechos de los trabajadores no recae solo sobre los gremios sindicales, sino también sobre la alta dirección del Poder Judicial. Los empleados jurisdiccionales tienen derecho a ser representados con firmeza, y es crucial que sus demandas sean tomadas en cuenta por quienes lideran la institución.

El futuro de los trabajadores judiciales: un llamado a la justicia y equidad

El descontento en el Poder Judicial no solo refleja una lucha por salarios más altos, sino también un llamado a la justicia y equidad dentro de la misma institución encargada de administrar justicia. Los trabajadores del sector no piden favores ni privilegios, sino lo que es justo: reconocimiento de su labor, condiciones laborales dignas, y un salario acorde a su esfuerzo diario.

En este sentido, las autoridades deben escuchar y actuar con responsabilidad. Las demandas de los trabajadores del Poder Judicial son completamente justificadas: la aprobación del cuarto tramo de la escala remunerativa, la homologación de los trabajadores CAS, y un trato equitativo en los aumentos salariales. Negar estas peticiones sería perpetuar la desigualdad y la injusticia dentro de un sistema que debería ser el primero en promover la equidad.

Es momento de que el Presidente del Poder Judicial y las autoridades correspondientes asuman un rol más activo en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores jurisdiccionales. Es imprescindible reconocer el valor de su trabajo y asegurarles condiciones salariales y laborales más justas. En un sistema judicial que busca hacer justicia, todos, desde los jueces hasta los empleados de base, deben ser tratados con dignidad y equidad.