Aseguran acceso a la justicia

Un pedido al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para aprobar el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad al 2030, como parte de los compromisos asumidos por el Estado para cumplir con los objetivos de las Reglas de Brasilia y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, efectuaron magistrados y representantes de la sociedad civil.

Fue al concluir el V Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), realizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

El mencionado plan al 2030 contempla entre sus componentes garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes a través de mecanismos que le permitan un adecuado acceso a la justicia por estar más expuestos a hechos de violencia dentro y fuera del grupo familiar.

Compromiso de Lima

Los magistrados reunidos en el congreso también expresaron su compromiso para brindar una respuesta efectiva y oportuna en la atención, investigación y sanción de los casos de violencia en agravio de NNA, aplicando una debida diligencia, reforzada según los estándares internacionales.

En tal sentido, consideraron de forma primordial aplicar el interés superior del niño, niña y adolescente en los casos de violencia, para diferenciar su derecho de opinión, identidad, conservación de la familia, seguridad, salud, educación, entre otros aspectos, informó la judicatura.

También relievaron su compromiso a fin de promover la erradicación de la violencia en su agravio, en especial a los pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas, así como determinar las medidas de protección más adecuadas tras analizar las circunstancias y contextos.

Además, consideraron fortalecer los mecanismos de diálogo intercultural con los pueblos indígenas para crear espacios reflexivos sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, aunado a la formación de promotores indígenas para la buena convivencia.

Mediante un declaración conjunta, los magistrados finalmente se comprometen a aplicar la Mediación Penal Juvenil, con atención del protocolo aprobado por el Poder Judicial, en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, como un mecanismo restaurativo reconocido en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Distribución de expedientes

En las próximas semanas, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN) encargada del trámite de procesos complejos en materia de crimen organizado, contará con un sistema de indicadores para distribuir de forma justa y equilibrada, de acuerdo al peso específico de cada caso, los expedientes en sus órganos jurisdiccionales.

Su presidente, Octavio Sahuanay, explicó que gracias a los fondos repatriados de Luxemburgo, los jueces de la CSN han elaborado propuestas de indicadores o variables que se combinarán con un algoritmo para darnos un valor. Estas son: número de imputados, número de agraviados, número de delitos y número de medios de prueba.

El magistrado anotó también que en siete meses del 2022 se superó la producción de sentencias del 2021.

Fuente: El Peruano