El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso la creación de módulos de protección y penales, con sus respectivos juzgados, que conformarán el denominado Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

La infraestructura y los órganos jurisdiccionales creados están ubicados en los distritos judiciales de Puente Piedra-Ventanilla, Callao, Áncash y Arequipa.

Cabe indicar que la creación de estos módulos es en el marco del referido sistema nacional especializado creado por Decreto Legislativo Nº 1368 del 29 de julio de 2018.

Para la implementación de los módulos y juzgados, el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N° 110-2020 –EF, publicado el  15 de mayo de este año, dispuso la transferencia al Poder Judicial de una partida de S/ 37 millones 560 mil 636.

La disposición de creación de los nuevos módulos y sus respectivos juzgados está contenida en la Resolución Administrativa N° 172-2020-CE-PJ, expedida por el órgano de gobierno judicial que preside el juez supremo José Lecaros Cornejo.

De acuerdo con el cronograma de implementación, los juzgados de familia que conforman los módulos en las cortes de Puente Piedra-Ventanilla y el Callao, empezarán sus actividades el próximo 01 de julio, mientras que los demás órganos jurisdiccionales penales lo harán el 01 de agosto.

En la Corte de Áncash, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar y los juzgados de familia, que conforman el sistema, iniciarán sus actividades el 01 de julio, en tanto que los dos módulos penales y los juzgados que lo integran, a partir del 1 de agosto.

Asimismo, en el Distrito Judicial de Arequipa los módulos penales y los juzgados que conforman el sistema, empezarán sus funciones el 01 de agosto.

El CEPJ dispuso también que las metas de los juzgados creados seguirán los estándares vigentes para los distritos judiciales incorporados en la implementación: 820 expedientes resueltos al año para los juzgados de familia y 375 para los juzgados penales.

Asimismo, resolvió que los recursos de apelación que sean presentadas en el curso de los procesos serán atendidos por una sala penal que determine la Presidencia de cada Corte Superior.

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