El dictamen que propone el nuevo proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), mediante el concurso público de méritos, fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República por amplia mayoría: 112 votos favor, 14 en contra y cero abstenciones.

Para ello, se modifican los artículos 8 y 11 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para establecer un nuevo procedimiento y una serie de requisitos que, en palabras del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chehade Moya (APP), recogen un clamor de las bancadas presentes y de la ciudanía.

La elección de los magistrados del TC debe darse “sin cuestionamiento y sin la sombra de una duda”, señaló Chehade. “El método por invitación provocó suspicacias, y eso se evita a través de un concurso de méritos que prioriza la trayectoria profesional, la solvencia e idoneidad moral, y una probada trayectoria de respeto y defensa del orden constitucional”.

Chehade informó que el dictamen precisa los pasos a seguir en la elección a través de una Comisión Especial. Y enfatizó que dicho proceso debe ser público y transparente, deben participar los medios de comunicación, y también la ciudadanía, en un proceso de tachas; asimismo, es necesario que los candidatos entreguen sus declaraciones juradas de bienes y renta y de intereses.

En otro momento, expresó que el dictamen aprobado, también por mayoría en la citada Comisión, considera las opiniones de diversos expertos constitucionalistas e indica su importancia para sostener el edificio jurídico del país.

El texto sustitutorio del dictamen propuesto, manifestó, toma también en consideración los oficios recibidos por la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo a través de los cuales estas entidades “declinan” su participación como observadores en tanto afirman que ello colisiona con las funciones que la Constitución les confiere.

Mientras que la Contraloría, en otra misiva enviada al grupo de trabajo, solo acepta su participación en el examen de las declaraciones juradas que tendrán que entregar los participantes.

Al finalizar el debate, el presidente de Constitución y Reglamento dijo que había evaluado las 24 intervenciones de los congresistas y en ellas encontró un amplio consenso de “todas las bancadas menos una”.

Sin embargo, indicó, “no se cierra a algunos detalles y aportes que mejoran la fórmula legal”. En el acto, citó las sugerencias que se iban a tomar en cuenta. Como, por ejemplo, la propuesta de la congresista de Mirtha Vásquez Chuquilín (FA) de alentar las candidaturas colegiadas. O la sugerencia de Juan Oyola Rodríguez (AP) de retirar el término “paridad” del ítem 5 del artículo 8, y sustituirla por la siguiente frase: “garantizando el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

El dictamen acogió los proyectos de ley 4253, 4847, 4854, 4858, 4885, 4956, 4978, 5352 y 5441, 5561; todos ellos proponen modificar los artículos 8 y 11 de la Ley 2830, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para garantizar una elección meritocrática y transparente de sus magistrados.

El dictamen, finalmente, fue exonerado del trámite de segunda votación.

EL TEXTO SUSTITUTORIO

De acuerdo con el texto sustitutorio aprobado, el Pleno del Congreso designará una Comisión Especial de Selección, integrada por un representante de cada grupo parlamentario, que propone al Pleno del Congreso el reglamento del proceso de selección en base a un concurso público de eméritos, que es aprobado mediante Resolución Legislativa del Congreso.

La Comisión Especial seleccionará a los candidatos de acuerdo con los “principios de igualdad de y no discriminación a través de procedimientos transparentes, imparciales y de meritocracia. Para tal efecto, el reglamento del concurso público de méritos establece los criterios de evaluación y el porcentaje asignado a cada uno de ellos”.

Las sesiones serán públicas; asimismo, la Contraloría General de la República recibirá la declaración de ingresos, bienes y rentas, así como la declaración jurada para la gestión de conflicto de intereses de los candidatos, hará un examen, y lo pondrá a disposición de la Comisión antes de las entrevistas.

Para el caso de que varios magistrados concluyan simultáneamente sus mandatos, su renovación se realizará mediante el “reemplazo del magistrado con la mayor antigüedad en su designación o, en su defecto, el magistrado que tenga mayor antigüedad de la colegiatura”.

En el artículo 11 se define que para ser magistrado del TC el postulante no puede ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso, y tener reconocida trayectoria profesional y democrática, solvencia e idoneidad moral y de respeto y defensa del orden constitucional.

EL DEBATE

El parlamentario Carlos Mesía Ramírez (FP) inició el debate bajo la premisa de que no hay que olvidar que el Congreso es un órgano político, sus decisiones son políticas, y la elección de los magistrados del TC será una decisión política. Por tanto, “hay que compatibilizar dicha elección con la voluntad política”.

“Se van a presentar candidatos que no van a ser de satisfacción del Pleno. Los seis que tengan las mejores notas van a ser sometidos a una votación que debe alcanzar los 87 votos. Si el primero no lo logra, se pasa al que sigue, y en ese momento el concurso deja de ser de méritos. Por eso, es necesario buscar una fórmula que combine ambos criterios”.

Para Alberto de Belaunde (PM) no existe un sistema perfecto y por ello en diversos países sus procesos de elección reciben cuestionamientos. Y en el Perú, la mayoría de los sistemas han sido cuestionados por sus resultados.

“Lo importante son las convicciones democráticas de los parlamentarios para elegir a los mejores”, señaló. “El TC no es un espacio para la política y ganar poder. Tenemos que ganar independencia para sus miembros. Necesitamos que el TC sea incómodo a los demás poderes del Estado, pues con ello asegura el equilibrio de poderes”.

El congresista Carlos Almerí Veramendi (PP) sostuvo que el dictamen podría ser mejorado, no colocar que tienen un mandato imperativo; que en el artículo segundo se reduzca a cinco días el plazo para presentar tachas. Mostró su preocupación de que los candidatos muestren “mucho currículum, pero no sapiencia”. Y dijo que el “es responsabilidad del Congreso elegir a los seis magistrados en bloque”. La sugerencia propuesta no fue aceptada por el titular de Constitución.

La legisladora Martha Chávez Cossío (FP) planteó su desacuerdo con el concurso público y dijo que mejor era la figura de una convocatoria pública, ya que debe haber alguna selección. Criticó, además, que este procedimiento no se haya colocado en el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, y no en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

La parlamentaria Mirtha Vásquez Chuquilín (FA) expresó que la híper politización ha generado suspicacia y un riesgo en la elección de estos magistrados, en donde solo ha primado el criterio de acercamiento político hacia algunas agrupaciones. Solicitó que en el inciso 1 del artículo 8, se incorpore que entidades colegiadas puedan invitar a un candidato de reconocida trayectoria. Su propuesta fue acogida en el texto sustitutorio.

El congresista Juan Oyola Rodríguez (AP) propuso el retiro del término “paridad” y coincidió con su par, Mesía Ramírez, en cuanto al hecho de que si quien gane el concurso de méritos no sea aceptado, al recaer en el siguiente en orden ya no podría considerarse un concurso d emérito, ya que esa fórmula no respeta el orden. Su aporte fue acogido por Omar Chehade Moya.

Participaron en el debate los congresistas Hans Troyes delgado (AP), Arlette Contreras Bautista (NA), María Gallardo Becerra (PP), María Retamozo Lezama (Frepap), Luis Castillo Oliva (PP), Isaías Pineda Santos (Frepap), y Rolando Ruíz Pinedo (AP).

También, Luis Simeón Hurtado (AP), Moisés Gonzalez Cruz (APP), Daniel Oseda Yucra (Frepap); Tania Rodas Malca (APP); Robinson Gupioc Ríos (PP); Guillermo aliaga Parajes (SP), Humberto Acuña Peralta (APP), Luis Roel Alva (AP) y Diethell Columbus Murata (FP).

Fuente: Congreso

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