Hector Lama More: “Se espera que en los próximos 3 o 4 años se tenga instalado en el país el 80% de los órganos jurisdiccionales del área no penal con expediente electrónico”

¿Cómo marcha la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y cuáles son sus logros? 

-Este proyecto piloto se inició en enero del 2017. Transcurridos los años se aplica en 88 órganos jurisdiccionales que funcionan normalmente. La mayoría de ellos en la Corte de Lima en las áreas comercial, contencioso-administrativo, tributario y de mercado, y laboral. Se extendió al área laboral de Lima Norte y a otras tres cortes más: Cajamarca, Ventanilla y Tacna. A la fecha de la pandemia había 140,000 expedientes electrónicos. Cuando esta se produce se evidenciaron las ventajas de este instrumento tecnológico, porque, aparte de aplicarlo en los órganos jurisdiccionales de emergencia para atender casos urgentes y graves, funcionó para los casos de detenidos, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, los certificados de alimentos, habeas corpus y amparo.

Es decir, en los órganos jurisdiccionales en donde se aplica el EJE siguieron funcionando casi normal…

Claro, al punto de que entre el 16 de marzo y el 12 de junio ingresaron 7,200 escritos a las áreas comercial, contencioso- administrativo y laboral por medio de la mesa de partes electrónica, sin que los abogados se hayan dirigido al Poder Judicial (PJ). Los jueces emitieron 2,300 resoluciones, entre autos y sentencias, sin haber asistido a sus despachos, desde sus casas y, se recibieron 350 demandas sin la asistencia de los abogados a los despachos judiciales. Esto quiere decir que el expediente electrónico por su característica de visualizarse, mediante los medios informáticos, permite el trabajo desde los domicilios, sin que afecte la dinámica propia del proceso.

–¿Qué viene ahora?

-El Consejo Ejecutivo del PJ ha decidido usar la mesa de partes electrónica ya no solo para los órganos jurisdiccionales que tramitan expedientes electrónicos, sino también para el resto de órganos jurisdiccionales a escala nacional que atienden expedientes físicos. De esa manera, se evita que los abogados vayan a dejar físicamente sus escritos. Hasta el 9 de julio se habían registrado a escala nacional el ingreso de 87,000 escritos, de los cuales cerca de 40,000 están en la Corte de Lima.

–¿Cuándo se extenderá el EJE a escala nacional?

-Están en camino dos apoyos financieros internacionales. Uno del Banco Mundial (BM), dirigido a la expansión nacional del expediente del electrónico en el área no penal, y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que va dirigido al área penal, para expandir el expediente electrónico en esta área. Son 100 millones de dólares que el BM entregaría en períodos anuales durante los próximos cuatro años para el proyecto de escalamiento nacional del expediente electrónico. Se espera que en los próximos 3 o 4 años se tenga instalado en el país el 80% de los órganos jurisdiccionales del área no penal con expediente electrónico. Ahora solo el 3% o 4% de todos los órganos jurisdiccionales manejan el expediente electrónico. Para el área penal, la inversión sería del BID también por 100 millones de dólares.

–¿Para el EJE en el área penal se involucrará al Ministerio Público (MP)?

-A diferencia del expediente no penal, en los expedientes penales, por el Código Procesal Penal, el MP tiene una actividad mucho más intensa. La actividad investigatoria y la actividad procesal más importante en relación con la preparación del juicio están en manos del MP, por lo que gran parte de la inversión para el EJE en el área penal irá al MP para reforzarlo, al igual que la Policía Nacional, para las investigaciones.

–¿La administración de justicia se reinventa y apunta a una justicia digital?

– El covid-19 nos ha puesto en una situación que tenemos que enfrentar con escasos recursos, manteniendo dos pilares fundamentales en nuestra labor: la seguridad jurídica y la seguridad sanitaria. El sistema democrático tiene como uno de sus pilares el sistema de justicia; sin justicia hay anarquía y caos; la seguridad jurídica es básica. La seguridad sanitaria es otra columna vertebral de nuestra actividad, se trata de asegurar que los jueces, trabajadores y los propios litigantes no sean alcanzados por el coronavirus que puede causarles hasta la muerte a las personas.

Reanudación de actividades

Ante el reinicio de actividades de atención al público, ¿qué medidas se implementan?

–La mesa de partes electrónica, aun cuando esta genera un costo, porque cuando se dirige un escrito mediante esta herramienta para un expediente físico, nosotros tenemos que imprimirlo porque el expediente debe conservarse, y es el medio por el cual los litigantes se enteran del estado de su proceso. Pero, con esto evitamos todo contagio en escala con un impacto grave. Además, como hay brechas tecnológicas y personas que no pueden acceder a la mesa de partes electrónica por razones económicas, sociales y culturales, hemos creado un aplicativo a fin de obtener una cita para ser atendidos en la mesa de partes física y presentar allí sus escritos. Si el día en que se saca la cita vence el plazo para presentar un escrito o cualquier acto procesal y se obtiene para cualquier día posterior, no hay problema porque el plazo se extiende a la fecha de la cita programada. Se ha hecho una campaña bastante intensa con los abogados para que faciliten sus correos con extensión gmail, a fin de que puedan conectarse a las audiencias virtuales convocadas por los jueces. Durante este período, la regla es la audiencia virtual para evitar que los procesos se detengan y los contagios, y la excepción son las audiencias presenciales con las medidas de seguridad sanitaria.

Fuente: El Peruano

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