El poder de Policía y el uso de la fuerza ▎Stefano Miranda Champac

El poder de Policía y el uso de la fuerza*

Cuando hablamos del poder, entendemos que resulta ser un elemento del Estado, donde tiene la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de competencia o cooperación reglamentadas. Por tal razón toda sociedad que vive en un Estado de Derecho, no puede existir sin un poder, en tal razón esta facultad delegada a la Policía Nacional del Perú resulta necesaria para alcanzar todos sus fines propuestos.

El poder de policía, conforme a su teoría universal del poder, esta esta constituida por sus múltiples manifestaciones; y, consiste en la facultad que tiene el Estado para limitar la libertad de las personas en beneficio del conjunto social, con la finalidad de asegurar el desarrollo social y económico; así como el ejercicio pleno de los derechos y libertades del hombre.

Asimismo, debemos aclarar que el poder de policía no es un poder nuevo y específico del Estado moderno, es parte integrante del poder administrador, donde siempre ha existido en toda sociedad organizada, lo nuevo resulta la actual dimensión de sus funciones que no ha sido obra del mismo poder sino de las nuevas formas de actividad individual, social y jurídica.

Este poder de policía tiene dos elementos bien definidos:

a. Competencia.- Se va manifestar como la capacidad de hacer obedecer, sin apelar a la fuerza para conducir al grupo.

b. Dominio.- Es necesario aplicar la coacción (uso exclusivo de la PNP) y sus formas: uso de las armas (último nivel de resistencia), vara de la ley, detención, etc., y la coerción (este dominio lo aplica los órganos del Estado como jueces, JNE y otros).

En resumen la coacción es de uso exclusivo de la PNP, para garantizar el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana, es por ello que cuando un juez necesita hacer eficaz el derecho, o garantizar el cumplimiento de una resolución motivada, dispone la intervención de la PNP para el empleo de la fuerza en forma racional, proporcional, necesaria y legal.

Es menester señalar que la Policía Nacional del Perú es la única institución que puede portar armas para la defensa de la sociedad en común, por cuanto así lo señala el marco constitucional, en salvaguarda de la prosperidad y desarrollo económico y social del país. Este poder atribuido a la PNP es inalienable, exclusivo, original, razonable y general.

En este presente artículo titulado el poder policía es esencial desarrollar obligatoriamente la doctrina policial que resulta ser el conjunto de conocimientos sistemáticos y metodológicamente reconocidos por su historia y cultura policial a través del tiempo; en un sentido estricto esta doctrina institucional esta compuesta por principios, valores y normas sobre su rol constitucional e institucional.

El Derecho Policial desde el estudio epistemológico, filosófico y legal, se encuentra vinculado a la defensa de los derechos humanos, la ley, el orden y la seguridad, mística y vocación de servicio, conduciendo desde su cultura organizacional la promoción de la paz social y el amor por la patria. Esta doctrina precede y sustenta un amplio conocimiento tanto teórico como práctico sobre el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional del Perú se encuentra representado por sus símbolos, distintivos de mando, principio de autoridad, costumbres y tradiciones, que generan e impulsan a la acción generadora de héroes y mártires, donde la unión de todos esos compuestos antes descritos constituyen una institución con mucha integración e identidad única; si bien cierto en estos últimos tiempos esta siendo golpeada por sus malos gestores encargados de comandarla, pero que no será suficiente para destruir la Identidad de un Policía y su abnegada labor con la sociedad civil.

Muchos abogados, fiscales y magistrados desconocen la doctrina policial por lo tanto muchas veces las sumergen en solo críticas visibles, pero jamás desde el punto dogmático y originario, por lo qué sin conocer los conocimientos policiales, los reglamentos, manuales, protocolos y directivas, se aíslan de la identidad institucional que constituyeron su doctrina material, violando e insultando muchas veces el legado grabado en la memoria de este Estado de Derecho.

Esta doctrina se materializa cuando se ejecuta cada acción del servicio policial, en ese sentido, nuestro trinomio (Policía, MP y PJ) desconoce de los propios procedimientos policiales que deben aplicarse por el contexto social que vivimos y que nuestra policía conoce a detalle, debiendo esta ser parte de protocolos interistitucionales que se trabajan, y el comando de turno que se encuentra debería mandar a sus mejores cuadros y asesores a estas convocatorias que se realizan, pero que no termine el trabajo con ello, si no difundir estos protocolos trabajados en charlas, capacitaciones virtuales y otros, a todo el personal en su especialidad respectiva.

En razón a ello la doctrina policial debe difundirse entre todos los integrantes de la Policía Nacional, para que entre todos sus integrantes internalicen los conceptos, funciones, deberes, facultades, obligaciones, derechos, su propia historia, quedando seguro que se logrará la unión de la dirección y de acción, en busca de una policía eficiente y profesional.

Este poder de policía y su doctrina debe retroalimentarse con los conocimientos y experiencias de sus creadores, operadores y buenos cuadros; que busquen el compromiso de ahondar en el conocimiento de la doctrina y aportar para perfeccionarla. Desde el punto analítico sabemos que la realidad es el mundo existente, porqué contiene al ser que por su propia naturaleza está sujeta a un proceso de evolución, desarrollo y perfeccionamiento; paralelamente su evolución, degeneración o disolución. El General PNP Carlos Martín Gómez Cahuas indica que ambos procesos están determinados por la naturaleza de cada ser, por las leyes que lo rigen y por la acción misma que ha adoptado: evolución o involución. En determinante el ser humano es la única criatura en el universo hasta hoy conocido, que es capaz de tomar conciencia de esa realidad.

Desde esa perspectiva la policía se encuentra en el contexto de esa realidad, donde se trabaja tanto el entorno natural como el entorno jurídico; su propia labor y los años de servicio logran que un policía reconozca la existencia real de los objetos, peligro latente, hechos y fenómenos tanto por la evidencia natural del ser policía, captando objetivamente la realidad de todo lo existente fuera e independientemente del sujeto.

De la misma forma el policía requiere conocimiento, con el fin de construir la Teoría General de la Policía como expresión suprema de sus conocimientos, coadyuvando en el desarrollo integral de la institución policial. Debiendo existir una prioridad a contenidos del sistema actual, que muestren a una policía más eficiente y profesional. En referido sentido debo indicar que la Policía debería ser una institución que sirva como puente entre la sociedad y el Estado.

El poder de policía se debe desarrollar con sus propios principios que deben cumplirse ineludiblemente para una comprensión y permeabilidad de su desarrollo los cuales pasaremos a desarrollar:

a. Autonomía.- La acción policial es autónoma y necesariamente se da en cumplimiento de sus fines, en tal razón reiterare que solo el policía puede actuar en cumplimiento de su deber profesional y sí lo requiere su labor constitucional.

a.  Autoridad.- El poder de policía y su acción se ejerce PER SE; esto es cumplir sus obligaciones signadas en la constitución que le fueron delegadas por el Estado, cuando egresaron con el despacho respectivo, debiendo tener en cuenta siempre que su accionar debe ser profesional comprometido siempre en elevar el prestigio de la institución, en salvaguarda del bien común.

b. Continuidad.- El policía siempre está de servicio de manera permanente e ininterrumpida. La continuidad en el tiempo es la esencia y la presencia de la autoridad del Estado, por lo que debemos como sociedad civil proteger a sus verdaderos y legítimos miembros.

c. Equidad.- Principio invocado desde la imparcialidad de su accionar, salvaguardando los derechos que le asisten a los integrantes de esta sociedad, en ejercicio de sus libertades; evitando detener a inocentes y dejar impune al culpable.

d. Legalidad.- Todo procedimiento y actuación del poder del policía se realiza en fiel cumplimiento del marco normativo y sus normas generales del Derecho, que no deben contrariar a la Constitución ni tratados internacionales.

e. Generalidad.- El accionar de la policía se ejerce igual, global e integral para todos sus integrantes de la sociedad en general, protegiendo y defendiendo sus derechos, así como haciendo cumplir sus obligaciones con el Estado.

f. Igualdad.- El policía debe entender que todas las personas son iguales ante el cumplimiento de la ley, todos tienen los mismos derechos, obligaciones, deberes con ella, en tal razón no se reconocen privilegios ni se admiten las discriminaciones.

g. Necesidad.- La aplicación del poder de policía se basa en la importancia de asegurar el cumplimiento de su deber constitucional, contribuyendo con el objetivo y procedimiento signado en las normativas.

h. Racionalidad: El uso del poder del policía debe ejercerse en el campo de la racionalidad y proporcionalidad, más aún en el cumplimiento del uso de la fuerza producto del encargo de la coerción del Estado emanada por mandato constitucional, imponiendo el orden y el principio de autoridad.

i. Necesidad.- El accionar policial es única e indivisible, es la percepción integral del cumplimiento de su deber en fiel cumplimiento de sus protocolos y ordenamiento legal.

El poder de policía tiene un marco constitucional de amparo uno de ellos es el art. 166º[1] donde describe la finalidad de la Policía Nacional y el otro el art. 163º[2] que señala sobre la defensa nacional desde la perspectiva obligacional del Estado.

Por lo antes descrito debemos entender que el poder de policía es la potestad reguladora de los derechos esenciales establecidos por la Constitución, usada por primera vez en 1827, por el I presidente de la Corte suprema de Justicia de EE. UU John Marshall, basándose en utilizar lo tuyo de manera que no afectes a otro, por lo que el poder de policía se basa en proteger y salvaguardar el interés colectivo (bienestar de todos y bien común), sobre el derecho individual. Es así qué, la autoridad encomendada es el atributo que tiene una persona, el cual está directamente vinculado con el cargo u oficio que ésta ejerza, siendo en todos sus aspectos la potestad de dar órdenes, por tener el derecho de hacerlo emanado por el Estado, debiéndose aclarar que nuestra sociedad debe ser disciplinada y retribuir con el acatamiento y cumplimiento de dichas órdenes.

La amenaza al orden interno, seguridad pública, la vida y la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, en razón a ello el poder de policía debe utilizarse en su máximo nivel regulado.

El uso de la fuerza conforme al Decreto Legislativo N° 1186, define de manera literal que la fuerza en el accionar policial:

 “Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas”[3]

En tal razón el personal policial debe aplicar la fuerza mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional, asimismo de tener cautela cuando se trata mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, obligándosele tener un buen trato humano y digno en todo momento.

Como buenos policías y respetuosos de los Derechos Humanos, el personal debe considerar de manera especial que todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia y es tipificado como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional[4]. Por lo tanto, se debe considerar en todo momento que LA FUERZA NO ES VIOLENCIA, más aún si es una facultad emanada y entregada por el Estado.

 Conforme al Decreto Legislativo N°1267 Ley de la Policía Nacional del Perú establece como una de sus atribuciones que se debe: “Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, y principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas[5].

Se debe tener en cuenta que la competencia funcional y exclusiva que le permite el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, la PNP debe: i) garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana; ii) prestar protección, y ayuda a las personas y a la comunidad; iii) garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; iv) prevenir, investigar los delitos y faltas, combatir la delincuencia y el crimen organizado; v) vigilar y controlar las fronteras; vi) velar por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la población; y, vii) prestar apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su competencia.

Por lo tanto, la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, como institución garantizadora del cumplimiento de la ley, debe conocer, estudiar y desarrollar la facultad constitucional del uso de la fuerza pública, entendida como atribución del Estado cuando es ejercida de manera legítima en el cumplimento de su finalidad. Ejerciéndose con pleno respeto de los derechos fundamentales y en el marco de las normas que regulan el uso de la fuerza.

El alto mando de la PNP, para lograr el desarrollo total de la facultad constitucional del uso de la fuerza en el personal PNP, debe impartir conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación profesional y técnica. Donde el personal PNP reciba una formación académica integral, permitiendo su desempeño profesional, desarrollo, cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la ética, el liderazgo y el servicio público.

  • El marco jurídico nacional e internacional que ampara una actuación eficaz, lícita y respetuosa de los derechos humanos, por parte del personal PNP en el uso de la fuerza, resulta el siguiente:
  • Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
  • Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
  • Constitución Política del Perú en su Art. 166°.
  • Decreto Legislativo N°1267 Ley de la Policía Nacional del Perú, donde se señala las facultades, atribuciones y obligaciones del personal PNP.
  • Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, que bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establece los niveles y condiciones para el uso de la fuerza.
  • Decreto Supremo N° 012-2016-IN, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186, que desarrolla y establece las consideraciones, circunstancias, conductas y reglas generales para el uso de la fuerza en el marco de la ley.
  • Resolución Ministerial N° 952-2018-IN, que aprueba el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, done se desarrollan aspectos doctrinarios y legales de los derechos humanos que guardan relación con la función policial, minimizando los riesgos hacia la integridad o la vida de los involucrados en una intervención.

La Organización de las Naciones Unidas – ONU en sus principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, señala que utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.[6] Es así que los efectivos policiales en fiel cumplimiento de la labor deberán asumir con gran responsabilidad que la fuerza se aplique de manera lícita y eficaz, ya que su uso excesivo afecta directamente a los derechos humanos.

Es por ello que el personal PNP debe adoptar medidas que impidan su uso excesivo o indebido. Por lo que se recomienda al alto mando policial a seguir incentivando la capacitación del personal policial en temas referidos a solución pacífica de conflictos, estudio del comportamiento de multitudes, así como técnicas de persuasión, negociación y mediación[7].

Es necesario resaltar que el Personal PNP, que incurra en excesos en el uso de la fuerza, incumpliendo lo señalado en los párrafos precedentes, se encontrará incurso en  investigaciones y sanciones correspondientes por el órgano administrativo disciplinario correspondiente de la PNP[8].

A. PRINCIPIOS DEL USO DE LA FUERZA

Se debe conocer que el uso de la fuerza aplicados en la función policial presentan estándares internacionales, que tienen como base real y objetiva, instrumentos internacionales (Principios Básicos que obran como referencia para el uso de la fuerza y armas de fuego, cuando son aplicados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) y recomendaciones y decisiones de organismos internacionales de derechos humanos (órganos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), los principios que rigen el uso de la fuerza son:

  1. Principio de Legalidad

El referido principio de legalidad, es sin lugar a dudas el principio más importante del derecho, puesto que establece que las autoridades y en general que componen el Estado, deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Respecto a la Fuerza y al principio de legalidad nos indica que la sujeción de la fuerza pública es por mandato de la ley. Por tal razón el uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Asimismo, los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber[9] deben estar amparados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú y demás normas nacionales sobre la materia.

Entonces amigo policía recuerda que el uso de la fuerza está limitado y condicionada por los protocolos, explícitos y previamente establecidos, para el ejercicio legítimo de esta atribución.

  1. Principio de Necesidad

 En el presente principio no señala que el uso de la fuerza en el cumplimiento del deber (función policial) se aplica solo cuando es necesario y otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado.

Llevado a la operatividad policial, significa que cuando un grupo de policías acciona en cumplimiento de la ley y logra el éxito de la operación sin recurrir al ejercicio de la fuerza, nuestros hermanos policías no harán uso de esa facultad. Pero si luego o durante de la acción policial, requiere ejercer dicha facultad, está deberá ser utilizada de manera necesaria para lograr el éxito de la actividad policial.

Respetar el principio de necesidad implica, asimismo, dejar de ejercer la fuerza tan pronto como se haya logrado el objetivo (por ejemplo, en cuanto la persona involucrada llámese intervenida o detenida cesa la resistencia o se haya encontrado el objeto buscado). 

  1. Principio de Proporcionalidad

El Tribunal Constitucional, partiendo de los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, ha precisado que: El principio de proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico de trascendental importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene por función controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales. Como tal, el principio de proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución, por lo que teniendo en cuenta los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, según los cuales la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico, evitándose en todo caso las contradicciones, entonces debe entenderse que cuando los poderes públicos pretendan la limitación de los derechos fundamentales o la imposición de sanciones, entre otros aspectos, deben observar el principio de proporcionalidad. (Exp. 0012-2006-PI/TC. f.j. 31).

El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar.

En el marco de este principio, el uso de la fuerza se aplica con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia (activa o pasiva) o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y considerando la intensidad, peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica[10].

Estos deben ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad y sustentados en una conducta ética.

B. USO DIFERENCIADO Y PROGRESIVO DE LA FUERZA

Conforme al Manual de Derechos Humanos en la Función Policial el uso diferenciado y progresivo de la fuerza es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar.

Al intervenir a personas en el cumplimiento de su función, el personal policial encontrará como respuesta una serie de conductas clasificadas en niveles de resistencia, ante lo cual el policía deberá hacer un uso diferenciado y progresivo de la fuerza, teniendo en consideración los niveles del uso de la fuerza:

  1. Niveles de Resistencia

a.  Resistencia pasiva

(1) Riesgo latente.

Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva permanente o eventual y que determina el nivel de respuesta policial.

(2) Cooperador

El intervenido acata todas las indicaciones del personal policial sin resistencia manifiesta durante la intervención. El ciudadano, presunto infractor de la ley, mantiene respeto hacia el acto de autoridad cumpliendo las indicaciones que se le da para garantizar el orden e incluso efectuar un arresto.

(3) No cooperador.

El intervenido no acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. El ciudadano, presunto infractor de la ley, evidencia una desobediencia manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la agresión física, que puede expresarse verbalmente.

b. Resistencia activa

(1) Resistencia física

El intervenido se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. El ciudadano presunto infractor de la ley expresa oposición física, sujeción a elementos materiales que evitan su traslado o empleo de cualquier medio para impedir la acción policial de control físico.

(2) Agresión no letal

El intervenido agrede físicamente al personal policial o a personas involucradas en la intervención mediante el empleo de la fuerza corporal u objeto que atenta contra la integridad física, sin generar un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.

(3)Agresión letal

Es la acción y conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al personal policial o a personas involucradas en la intervención.

  1. Niveles del uso de la fuerza:

a. Niveles Preventivos

(1) Presencia policial

Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional del Perú uniformado[11] o debidamente identificado con dispositivos con la palabra “Policía”, su placa insignia y carnet de identidad, debidamente equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito.

(2) Verbalización

Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza.

(3) Control de contacto

Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos sin llegar al control físico.

b. Niveles reactivos

(1) Control físico

Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones.

(2) Tácticas defensivas no letales

Es el uso de medios de policía no letales, proporcionados o autorizados por el Estado, para contrarrestar y/o superar el nivel de agresión o resistencia.

(3) Fuerza letal

Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional del Perú contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas.

Este nivel se tiene que entender como potencialmente letal, toda vez que su uso no se orienta a causar necesariamente la privación de una vida, sino a cesar el peligro que representa una agresión letal, debiendo el personal policial prestar los auxilios correspondientes una vez controlada la situación de riesgo.

C. CIRCUNSTANCIAS EN EL USO DE LA FUERZA[12]

Estas circunstancias son requisitos de procedibilidad que el personal policial puede usar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, de conformidad con los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad y los niveles de uso de la fuerza en las siguientes circunstancias:

    • Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley.
    • Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes.
    • Prevenir la comisión de delitos y faltas.
    • Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
    • Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad.

En modo de conclusión podemos indicar que en nuestro país el poder de policía resulta necesario para el mantenimiento del orden público, tranquilidad, seguridad y salubridad pública; donde su ejercicio del poder de policía se extiende no solo a las regulaciones que promuevan la salud, la moral, la tranquilidad y la seguridad pública sino también las modernas que tienden a la prosperidad y desarrollo económico y social del país; es por ello que en nuestra carta magna se desarrolla los títulos que se refieren a los derechos y deberes de la persona, de la seguridad social, salud y bienestar, de la educación, la ciencia y la cultura, del trabajo, etc.

Espero que el artículo desarrollado sea de suma ayuda al personal PNP y ciudadanía en general que debe entender que el poder de la Policía Nacional del Perú, tiene el fin supremo de asegurar el ejercicio de los derechos y libertades del hombre, generando una conciencia y convivencia pacífica, asimismo sobre su uso de la fuerza atraído con su poder emanado del Estado, donde tiene la facultad del uso de la fuerza en fiel cumplimiento de la ley, el orden público, interno y la seguridad ciudadana, pero siempre teniendo en cuenta el uso de manera legítima en el cumplimiento de su finalidad, ejerciéndose en pleno respeto de los derechos fundamentales y en el marco de las normas sobre la materia.


(*) Abogado litigante, socio principal fundador del Estudio Jurídico y Contable Miranda & Asociados. Es Presidente de la Cámara Legal FORTALEZA.  Suboficial de Primera en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú. Ostenta el grado de Técnico en Ciencias Policiales – Policía Nacional del Perú.  Ha sido asesor del comité de asesoramiento de la PNP. Autor de distintos  artículos propalados en importantes páginas de Derecho y revistas. Abogado  de la revista Stakeholders. Expositor en el Colegio de Abogados de Lima – Fases de las Contrataciones con el Estado, Legislación Aduaneros,  Regimenes aduaneros, Uso de la fuerza en la función policial, Régimen  Disciplinario de la PNP, Control de Identidad en el código procesal penal.  Igualmente, es Docente de cursos de especialización en la Policía Nacional del  Perú. Expositor de capacitaciones de PRODUCE. Ponente en conferencias de la Universidad Cesar VALLEJO. Es Egresado con excelencia en la Universidad  Cesar Vallejo. Máster en Derecho con Mención en Aduanas – Universidad  Federico Villarreal. Maestrista en Derecho Procesal – Universidad San Marcos.  Cuenta con Especialización Internacional en Derecho Procesal – Universidad  de Medellín – Colombia; Especialización en Litigación Oral – Gobierno de  Puerto Rico; Especialización en extinción de dominio y lavado de activos – Universidad Nacional de Medellín – Colombia. Asimismo, es Diplomado en  Derecho Administrativo – Universidad ESAN; Diplomado Internacional en  Derecho Corporativo – Universidad ESAN; Diploma de Especialista en  estrategias de litigación y sistema de audiencias en el nuevo proceso penal por  el Colegio de Abogados de Lima, y cuenta con una Pasantia Internacional en  la Fiscalía Seccional de Antioquia – Colombia. 

[1] La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

[2] El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.

[3] Art.3 a. Decreto Legislativo N° 1186 que Regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

[4] Uso arbitrario de la fuerza: Es todo uso de la fuerza no justificado, con incumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que afecta derechos fundamentales. (DS 012-2016-IN. Artículo 3, literal j).

[5] Art. 3° Atribuciones. Inciso 8 del Decreto Legislativo N°1267 Ley de la Policía Nacional del Perú.

[6] Art. 4° de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y Art. 3° del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

[7] Art. 20° de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

[8] Art. 6°,11° y 22° de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

[9] Es la obligación del personal policial, en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas

[10] De acuerdo a lo establecido por la Ley N°30644 que modificó el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1186.

[11] El uso del distintivo de identificación (marbete) es de uso obligatorio en todos los uniformes utilizados en el servicio policial (Reglamento General de Uniformes PNP).

[12] Art. 8.8.2 del Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que Regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú.

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