Aprueban actualización de la escala remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público

El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen de insistencia sobre la autógrafa de ley correspondiente a los proyectos de Ley 8088/2023-CR, 8753/2024-CR y otros, que propone autorizar la actualización de la escala remunerativa para los servidores del Ministerio Público, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

Dicha iniciativa, previamente observada por el Poder Ejecutivo, fue respaldada por la representación nacional en su insistencia, obteniendo 81 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Cabe destacar que la aprobación de insistencia no requiere una segunda votación.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Lady Camones Soriano (APP), expresó que “existe en la actualidad descontento e inconformidad por el desfase en la escala remunerativa del Ministerio Público, en comparación con la escala aprobada para el Poder Judicial y otros sectores”. En este sentido, reiteró que el propósito principal de la iniciativa es “actualizar la escala remunerativa para los servidores del Ministerio Público y fortalecer el derecho de su personal a un trabajo digno, con una remuneración justa, conforme a lo dispuesto por la Constitución del Perú”.

Por su parte, el legislador Jorge Marticorena Mendoza (APP) destacó que la propuesta refuerza al Ministerio Público, una postura con la que coincidió su colega Guido Bellido Ugarte (PP), quien también ratificó la importancia de fortalecer las escalas remunerativas.

El congresista Luis Aragón Carreño (AP) subrayó que no existen impedimentos para llevar a cabo la actualización de la escala remunerativa, mientras que Kelly Portalatino Ávalos (PL) resaltó la sobrecarga laboral que enfrentan los trabajadores del Ministerio Público, asegurando que esta nueva escala será un acto de justicia laboral.

La norma consta de cinco artículos, uno de los cuales faculta al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar, en un plazo no mayor de 30 días calendario desde la entrada en vigor de la norma, el estudio técnico necesario para proponer la nueva escala de ingresos. En caso de que el estudio técnico no se realice dentro de este plazo, se autoriza al Ministerio Público a presentar dicho estudio ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para su posterior aprobación en el tiempo establecido.