La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, anunció que este martes, desde las 9:30 horas, verán en sesión virtual si se admite o no la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia.

“Se ha recibido la demanda de manera electrónica, porque justo los procesos de inconstitucionalidad son uno de los procesos que tenemos digitalizados en el Tribunal Constitucional, se ha designado como ponente al magistrado Augusto Ferrero y a las 9:30 horas (de mañana) se va a decidir en el pleno si se admite o no a trámite la demanda”, dijo a la Agencia Andina.

“En el supuesto que el pleno admita a trámite se notificará a la parte demandada, que es el Congreso para que conteste la demanda que le ha planteado el Ejecutivo, para esa contestación el Parlamento tiene un plazo de 30 días hábiles”, refirió.

Luego de haber contestado, agrega Ledesma, se señala un día para efectuar un informe oral donde se escucha a ambas partes y el Tribunal Constitucional está habilitado para resolver y emitir la decisión de fondo en relación a la demanda.

“Como es un proceso digital, posiblemente será un proceso rápido porque iremos a notificaciones electrónicas, a todo digital”, agregó.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó el sábado que la semana pasada se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TC por la Ley Nº 31018 que suspende el pago de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Esta semana última hemos presentado, a instancias del Ministerio de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Reiteramos los argumentos de siempre: primero contraviene abiertamente la Constitución y segundo, el tráfico es bastante menor por la inmovilización”, expresó en RPP.

Como se recuerda, la norma había sido observada por el presidente Martín Vizcarra el pasado 29 de abril, advirtiendo las consecuencias que podría acarrear al Estado ante posibles arbitrajes.

La ley estipula que la suspensión del cobro de peajes “no generará derecho compensatorio» a favor de las empresas concesionarias. También asegura que la medida busca evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia.

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