Pleno deroga norma que limita la negociación colectiva con el Estado

El Pleno del Congreso de la República aprobó de manera unánime el dictamen correspondiente al Proyecto de Ley 11286/2024-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1666, el cual regula la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público.

Este proyecto tiene como principal objetivo restablecer el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el respeto a los derechos laborales, a la vez que corrige disposiciones que contravienen la Constitución.

El dictamen fue respaldado con 90 votos a favor en primera votación y, en un paso decisivo, se exoneró de la segunda votación con 87 votos favorables.

Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), destacó que el texto aprobado es el resultado de un proceso inclusivo, técnico y democrático, en el que participaron diversos actores, entre ellos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como de gremios del sector público como la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUN), el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social (SINES) y el Colegio Médico del Perú.

Rospigliosi explicó que en las mesas de trabajo se identificaron varios aspectos del Decreto Legislativo 1666 que vulneraban la Constitución, tales como la omisión de la autonomía del Congreso, la limitación del derecho a la negociación colectiva, la asignación al MEF de funciones interpretativas que son propias del Poder Legislativo, y la afectación de la autonomía institucional y financiera de EsSalud.

El dictamen aprobado establece una serie de modificaciones clave para corregir estos puntos. Entre las medidas más relevantes se incluye la afirmación de que los aplicativos y herramientas de gestión fiscal no pueden generar ni limitar derechos laborales, y la eliminación de las facultades interpretativas otorgadas al MEF. Además, se asegura la plena vigencia de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal y se deroga la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, que afectaba la autonomía funcional y financiera de EsSalud.

“El dictamen no solo responde al rigor técnico y constitucional, sino también a la necesidad de atender las justas aspiraciones de los trabajadores del sector público, sin menoscabar la responsabilidad fiscal del Estado”, enfatizó Rospigliosi.

Finalmente, el congresista subrayó que esta norma representa un esfuerzo por equilibrar la eficiencia en la gestión fiscal con la justicia laboral y el respeto absoluto al orden constitucional. “Cuando existe voluntad política y un diálogo respetuoso, es posible construir consensos que fortalezcan la institucionalidad democrática y generen beneficios para el país”, concluyó.

Fuente: Congreso de la República

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