El presidente del Congreso, Manuel Merino, convocó para este jueves 21 de mayo a sesión virtual del pleno del Legislativo, a partir de las 10:00 horas, para debatir proyectos de ley referidos a la salud y la emergencia generada por el coronavirus en el país.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, José Luna Morales (Podemos), se mostró confiado en que ese día se debata y apruebe el dictamen elevado por su grupo de trabajo, para penalizar el acaparamiento, la especulación y la concertación de precios de las medicinas y otros bienes durante el estado de emergencia, como se ha denunciado en los últimos días respecto a los medicamentos para el covid-19.

“El acaparamiento y el alza indiscriminada de medicamentos están costando la vida de mucha gente, porque productos como azitromicina y paracetamol se venden a sobreprecios. Lo que costaba 20 soles, más los anticoagulantes, ahora cuesta 150 soles por día. El tratamiento de 15 días en el caso más grave por el covid-19 irroga un gasto de entre 2,500 y 3000 soles. Es un abuso que hay que cortar”, señaló el legislador.

El parlamentario de Podemos Perú explicó que para la aprobación de este dictamen se ha utilizado un dictamen aprobado por insistencia el 2017 en el Congreso anterior, y que la comisión de Defensa del Consumidor, en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad elevarlo al pleno para su aprobación.

Dijo que las siete propuestas presentadas se han unificado en la norma que, a más tardar, el jueves 21 de mayo sería aprobada en el pleno.

Ayer lunes, voceros seis bancadas solicitaron a la presidencia del Congreso priorizar en la agenda del pleno el debate de los dictámenes en insistencia de la autógrafa de la ley que sanciona el acaparamiento, especulación y adulteración en las zonas declaradas en estado de emergencia por desastres.

Mediante un oficio remitido al titular del Legislativo, las agrupaciones Acción Popular, Frepap, Podemos Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso y el Frente Amplio indican que la autógrafa se encuentra en la orden del día desde el 22 de agosto del año 2017.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también expresó su preocupación por este tema, y ayer presentó un proyecto de ley que reincorpora el delito de acaparamiento y modifica el delito de especulación, a fin de sancionar con prisión estas conductas en bienes y servicios de urgencias para la vida de las personas.

Al respecto, propone incorporar en el Código Penal el delito de acaparamiento, a fin de sancionar al que ocasiona escasez o desabastecimiento de bienes de necesidad urgente para la vida y la salud de las personas, mediante la sustracción o el acaparamiento con la finalidad de alterar los precios en su beneficio y con perjuicio de los consumidores.

Serán sancionado con una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con 185 a 360 días multa.

En cuanto al delito de especulación, la  iniciativa plantea modificar el artículo 234 del Código Penal, precisando que el productor, el fabricante o los comerciantes que incrementen los precios existentes en el mercado de los bienes y productos de urgencia para la vida, el cuerpo y la salud de las personas, aprovechando una situación de mayor demanda por causas de emergencia o calamidad declarada por la autoridad competente, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con 180 a 300 días multa.