En el contexto actual de la pandemia por el COVID-19, el Estado y el sector privado deben garantizar que todas las personas tengan acceso a los bienes necesarios para resguardar su salud, dentro de los que destacan las mascarillas de uso comunitario.

Además, esta medida resulta coherente con la denominación del 2020 como “Año de la Universalización de la Salud”, lo cual exige al Poder Ejecutivo garantizar que todas las personas cuenten con los elementos indispensables para resguardar su salud.

Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, el uso de mascarillas constituye una importante medida de prevención y control que puede evitar la transmisión del COVID-19, además de otras estrategias de prevención como la higiene de manos.

En atención a la importancia del uso de las mascarillas, una adecuada protección del derecho a salud exige por parte de  las autoridades estatales la obligación de distribuir estos equipos de bioseguridad a la población y prioritariamente, a quienes se encuentran en zonas que presentan un mayor índice de contagio de esta enfermedad.

Asimismo, todos los empleadores públicos y privados deben garantizar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a las mascarillas y promover su correcto uso dentro y fuera del horario laboral. Las organizaciones de la sociedad civil también deben contribuir a instaurar en el país un valor compartido sobre la importancia del uso correcto de la mascarilla.

El uso masivo de las mascarillas resulta crucial tras la culminación de la cuarentena en la mayoría de zonas del país y el progresivo reinicio de actividades económicas, escenario que representa un mayor riesgo de contagio.

Frente a ello, en toda iniciativa pública o privada se debe contemplar la distribución de mascarillas y la realización de campañas de concientización sobre la importancia de su correcto uso. Este enfoque preventivo optimiza el empleo de los recursos públicos y privados y resulta más eficiente en la protección de la salud de las personas, pues reduce el número de contagios y evita una sobrecarga del sistema de salud.

Fuente: Defensoría del Pueblo

Síguenos en facebook como Magazín Jurisprudencial y entérate de la más reciente y relevante jurisprudencia