En las últimas dos semanas, tres integrantes de la presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto han dejado la prisión para cumplir arresto domiciliario. El Poder Judicial (PJ) dispuso estos traslados como medida preventiva y así evitar que los reclusos se infecten de COVID-19 dentro del penal.

Misha Mansilla era el chofer de Walter Ríos, expresidente de la mencionada corte, quien es señalado como uno de los cabecillas de la red; Salinas Bedón es un abogado y exmagistrado; y Aparicio es un exasesor de la misma corte. Los tres argumentaron ante los jueces a cargo de este caso que podrían contagiarse del COVID-19 en el penal y sus pedidos fueron admitidos.

Preocupación

Fuentes del Ministerio Público y la policía señalaron a El Comercio que la PNP ha emitido un informe reservado en el que se advierte a la Fecor del Callao que los investigados estarían utilizando a terceras personas y familiares para amedrentar a los colaboradores eficaces.

Asimismo, en el reporte indicaron –según las mismas fuentes– que la División de Arresto Domiciliario de la PNP “no contaría con personal suficiente” para custodiar los inmuebles de los investigados que están siendo liberados y podría haber riesgo de fuga.

Este Diario conversó con la fiscal Rocío Sánchez, a cargo del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, quien sostuvo que los jueces tienen un criterio “recurrente” en el contexto de la pandemia y sobre los contagios de coronavirus en el que priorizan la liberación de los procesados que están en los penales. Precisó que las defensas legales de los investigados están “utilizando mal” el Código Procesal Penal al presentar sus solicitudes de excarcelación.

La fiscal Sánchez mostró también su preocupación por las salidas de los investigados y por una posible obstaculización de la pesquisa que dirige. “Todos salen. Lo más probable es que obstaculicen las investigaciones”, dijo enfática. A pesar de ello, aseguró que tiene “pruebas sólidas” para presentar su acusación fiscal a fines de este año contra todos los investigados.

Al cierre de esta edición, la PNP no atendió nuestro pedido de réplica solicitado a través de un correo electrónico.

Uno más

La jueza María Álvarez Camacho evaluó el sábado a través de una videoconferencia el pedido de excarcelación solicitado por la defensa del investigado José Luis Cavassa Roncalla. Él se encuentra recluido hace 20 meses en la cárcel, de los 36 que en total debería cumplir. Su defensa asegura que corre peligro de infectarse de COVID-19 en el penal Castro Castro.

Cavassa, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cumple prisión preventiva a pedido de la fiscal Sánchez luego de que se conociera un audio entre Walter Ríos y su esposa Maritza Sánchez. En ese diálogo, aludieron al exfuncionario como un operador al interior del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Diana Asmat Coello, abogada de Cavassa, señaló a este Diario que peligra la salud de su patrocinado. Dijo que tres internos del penal, que estaban en el pabellón 1A –donde Cavassa permanece recluido– han fallecido de COVID-19 y que otros seis han sido trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital. Agregó que hasta la fecha el investigado no ha pasado por una prueba rápida.

La abogada manifestó que la investigación a Cavassa ha sido ampliada en dos ocasiones y que la fiscalía ya tiene “toda la información” del contenido de las computadoras y teléfonos de su patrocinado. “El Ministerio Público ha ido ampliando el marco fáctico de sus imputaciones”, remarcó. Según Asmat, los fiscalía señala que testigos ratifican que Cavassa sería la persona que influenció en los exconsejeros del desaparecido CNM para elegir a Orlando Velásquez Benites como su presidente.

“Desde mi punto de vista, irregularmente están sustituyendo a las partes y varían la prisión preventiva por detención domiciliaria”, respondió Sánchez al ser consultada sobre este último pedido de Cavassa. Hasta el cierre de esta edición, la jueza Camacho no se pronunciaba sobre el pedido.

Más información

El Consejo Ejecutivo del PJ aprobó una directiva de medidas urgentes para que los jueces evalúen de oficio la prisión preventiva de los internos, como una disposición para reducir el riesgo de contagio en los penales.

Esta define los criterios para ver si corresponde.

FUENTE: EL COMERCIO

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