La Defensoría del Pueblo dijo este miércoles que el proyecto de ley aprobado en el Congreso, que dispone la devolución de hasta S/ 4,300 de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), es inconstitucional y desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los propios pensionistas, por lo que no deben entrar en vigencia.

En un comunicado de seis puntos, la Defensoría señala que, si bien en el corto plazo este proyecto busca resolver la injusticia que significa que cientos de personas no puedan recibir una pensión, a pesar de haber aportado, por no cumplir con el requisito de los 20 años, la devolución aprobada por el Legislativo tendrá efectos contraproducentes para millones de peruanos y peruanas.

“No menos importante es que el proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú (…) Aunado a ello, la iniciativa desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo”, señala en uno de sus puntos.

“Por ello, considera que no debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los pensionistas”, agrega.

En otro punto de su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo señala que el retiro masivo de los fondos pensionarios de la ONP es “una amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero (…) un principio que hoy más que nunca debe preservarse, cuando nos encontramos en un período de recesión económica debido a la pandemia” del coronavirus.

Pero agrega que la norma desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocido en los artículos 78 y 79 de la Constitución.

Este golpe a la economía va en concordancia con lo señalado anoche por el ministro de Trabajo, Javier Palacios, quien estimó que la devolución de los aportes demandará al país unos 15,000 millones de soles, lo que costaría la Línea 2 del Metro de Lima.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que en periodos de crisis como el actual muchas personas requieren del apoyo excepcional del Estado para subsistir o evitar caer en la pobreza. Sin embargo, las medidas que se adopten para garantizarlo deben respetar el marco constitucional.

“La norma aprobada, no obstante sus nobles propósitos, inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger, e inexorablemente será declarada inconstitucional”, señala.

Aprobada el lunes por el Congreso, el Ejecutivo tiene 15 días para determinar si observa o no la autógrafa de ley. De hacerlo, el Congreso podrá revisarla nuevamente y debatirla o aprobarla con insistencia, con lo cual será promulgada.

En ese escenario, el Ejecutivo podrá presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como lo hizo con la ley que suspende el cobro de peajes, cuyo fallo resultó a su favor.