Defensoría del Pueblo: inadecuada gestión del personal CAS COVID viene afectando los servicios de salud

• Urge la emisión e implementación de las resoluciones ministeriales previstas en la Ley n.° 31538.
• Ley n.° 31539 del cambio de contrato CAS COVID a CAS requiere de un marco presupuestal para su implementación.

La Defensoría del Pueblo lamenta la gestión que se viene llevando a cabo en el cambio de contrato de la modalidad CAS COVID a CAS regular debido a que, además de afectar al personal de salud responsable de la atención de los casos producto de la pandemia, se viene perjudicando seriamente la atención de miles de personas en los establecimientos de salud a nivel nacional, por la tardía emisión de disposiciones, pese a los requerimientos de la institución.

Al respecto, es preciso recordar que desde el mes de marzo se han venido emitiendo diversas normas prorrogando esta modalidad de contrato hasta los meses de abril, junio y posteriormente hasta el 31 de julio. Por esta razón, en mayo el titular del sector informó de una propuesta legislativa para igualar las condiciones de los CAS COVID con los CAS regulares y mantener estos puestos de trabajo.

No obstante, pese a la relevancia del tema, recién el fin de semana pasado, faltando días para la culminación de los contratos CAS COVID, se publicaron las leyes n.° 31538 y n.° 31539, generando incertidumbre en el personal contratado bajo dicha modalidad. En efecto, la primera de ellas no contempla al personal de EsSalud, ni a las sanidades, además requiere de resoluciones ministeriales con las especificaciones para la contratación de personal, de las cuales hasta el día de hoy solo se ha publicado una de ellas, correspondiente a contrataciones para la atención del embalse clínico quirúrgico para los meses de agosto y septiembre.

De otro lado, la Ley n.° 31539 que garantiza la continuidad de este personal bajo la modalidad de CAS regular, sí contempla a EsSalud y sanidades; sin embargo, establece un plazo de hasta 30 días calendario para concretar el cambio de estos contratos, plazo que se encuentra supeditado al cumplimiento de determinados requisitos que pueden retrasar su pronta implementación, además, necesita de un marco presupuestal, al no contar las entidades con el presupuesto CAS COVID que se les asignó en su oportunidad. Asimismo, si bien el Poder Ejecutivo observó esta norma, lo hizo el último día, generando mayor incertidumbre en el personal.

Es indispensable que exista claridad respecto a la continuidad de las/os trabajadoras/es pues aún se debe ejecutar la contratación para el desembalse clínico quirúrgico y definir las condiciones para el cierre de brechas de recursos humanos; por lo que es necesario que estas disposiciones sean aprobadas e implementadas oportunamente. Asimismo, el Poder Ejecutivo debe establecer las condiciones para implementar la Ley n.° 31539, que contempla a otro grupo de trabajadoras/es que también fueron contratados bajo la modalidad CAS COVID.

Esta situación no solo afecta al personal de salud, sino también la continuidad de los servicios en los establecimientos de salud. Así, estos días se han reportado dificultades en la atención en Arequipa, Lambayeque, Puno, Chimbote, Callao, Lima Este, Ucayali, entre otros. La envergadura del problema demanda un mensaje claro de las autoridades del Poder Ejecutivo y de la ruta a seguir para abordar esta situación.

Finalmente, hay que recordar que al 1 de agosto un aproximado 63 581 profesionales contratados como CAS COVID, entre personal asistencial y administrativo, dejó de laborar formalmente. Se debe considerar que los recursos humanos en salud son esenciales para el funcionamiento adecuado del sistema de salud y para el cumplimiento de sus metas y finalidades. Por ello, es importante cerrar las brechas en todas las regiones del país y distribuirlos de manera equitativa para garantizar el derecho a la salud de la población.

Fuente: El Peruano