La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, junto a la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Fiscalía,  supervisaron las condiciones laborales y sanitarias de las instalaciones de una empresa dedicada al cultivo de palma aceitera, tras conocer que operaba mientras sus trabajadores presentaban síntomas de COVID-19.

En el lugar, la Diresa practicó pruebas de descarte a 39 personas, identificando que 34 de ellas tenía COVID-19, por lo que fueron puestas en aislamiento por 14 días dentro de las habitaciones que ocupaban en la misma fábrica. Además, se les inició el tratamiento y se acordó que sean monitoreadas por el personal de salud de la compañía. Asimismo, a fin de evitar la propagación del virus, la empresa deberá paralizar sus actividades durante este periodo.

El jefe de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo, Hugo Pari, manifestó que “el hecho de que estos trabajadores continuaran con sus labores, ha puesto en riesgo sus vidas, las de sus familiares y las de los pobladores de las comunidades indígenas asentadas cerca”.

La empresa está ubicada a 4 horas de Pucallpa, cerca de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya. Según la administradora, desde que se inició el estado de emergencia, activaron los protocolos establecidos, y restringieron el ingreso y salida de personas ajenas. Sin embargo, hace unos días, trasladaron a 3 trabajadores a una clínica de la ciudad por presentar síntomas de COVID-19.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali le hará seguimiento a este caso para proteger el derecho a la salud de los trabajadores y comunidades cercanas. La entidad recuerda a la población que puede realizar consultas, y presentar denuncias y quejas sobre vulneración de derechos a los teléfonos 995 873 582 y 961 659 821.

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