Ejecutivo publica Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030

El Poder Ejecutivo aprobó la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, de cumplimiento obligatorio en entidades de la administración pública, a fin de afianzar las acciones destinadas a la mejora de los bienes y servicios al ciudadano.

Aunque en el caso de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, su aplicación se dará solo en aquello que le resulte aplicable, detalla el documento.

De acuerdo con el D.S. Nº 103-2022-PCM, la conducción de dicha estrategia estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Secretaría de Gestión Pública, en calidad de ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública.

Así, las entidades de la administración pública implementarán la política nacional en el marco de sus funciones y competencias, a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

La PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública, liderará el proceso de articulación, seguimiento y evaluación de la política nacional.

El financiamiento para la implementación de esta iniciativa se efectuará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La iniciativa, de esta forma, tiene como objetivo el garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio patrio, mejorar la gestión interna en las entidades públicas, fortalecer la mejora continua en el Estado, así como garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas.

De ahí que plantea contar con un mecanismo para la construcción de políticas públicas basadas en evidencias e implementar progresivamente el análisis de impacto regulatorio en las entidades.

Otra de las alternativas de solución detalladas está el potenciar o asegurar la implementación de los mecanismos de articulación intergubernamental e intersectorial y promover la implementación de los modelos de provisión de bienes y servicios en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

Fuente: El Peruano