La iniciativa tiene por objeto tipificar a nivel legal, de manera taxativa y clara, las conductas infractoras de los funcionarios y servidores públicos, así como establecer las sanciones a aplicar, con la finalidad de afianzar la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción.

La propuesta legal menciona 33 conductas infractoras, en materia de responsabilidad administrativa, de funcionarios o servidores públicos, sujetas a la potestad sancionadora del ente fiscalizador.

Conforme al artículo 45 de la Ley N° 27785, la Contraloría ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema, competencia cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC).

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La institución recordó que el 29 de abril de 2019 remitió a Parlamento una propuesta relacionada al presente tema; sin embargo dada la coyuntura nacional efectuó algunas precisiones motivo por el cual remite esta nueva iniciativa legal.

En su exposición de motivos, el proyecto menciona que el año pasado, el TC, a través de una resolución, generó la desaparición del régimen de infracciones en materia de responsabilidad administrativa funcional, con lo cual la Contraloría no pudo continuar ejerciendo su potestad sancionadora.

El fallo benefició a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa.